Este fin de semana, la División Búsqueda de Prófugos de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- detuvo a Waldemar Ariel Gustavo Oviedo, alias “Pato”, de 52 años, oriundo de Corrientes, con un pedido de captura emitido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Fue detenido, precisamente, en Corrientes, en la casa que ocupaba en el barrio Esperanza.
Waldemar, alias “Pato”, había sido un prófugo huidizo, buscado desde 2015. Varios datos en la investigación indicaban que había escapado a la selva paraguaya, incluso a una isla en la zona correntina de Itatí, tras entrar al país de manera ilegal en lancha a comienzos de este año. Montaron operativos para encontrarlo; el nuevo celular que “Pato” llevaba daba una idea a los policías de su ubicación.
Así, lo encontraron y lo esposaron para trasladarlo al Departamento NEA de la PFA, que colaboró con la investigación, a la espera de nuevas ordenes. El delito por el que se lo buscaba a Waldemar era, precisamente, narcotráfico, vender droga, en uno de los formatos más clásicos del negocio bonaerense: operar un kiosko en la zona norte del Conurbano bonaerense que vendía caramelos, chicles, chocolates y bochitas de cocaína.
La causa en su contra comenzó en 2010. Mirta, pareja de de Waldemar, estuvo entre las acusadas. Ramón Javier Romero, condenado a cuatro años de prisión en el expediente, fue identificado como el proveedor de tizas de Oviedo y su pareja, identificado en movimientos a través de estaciones de micros en José C. Paz, con droga oculta en la campera. Según la condena en su contra, habría acordado una entrega de droga a Romero en 2013 en la zona de Tigre. Waldemar, lejos de ser un estratega del negocio de la droga, le depositó dinero a Romero en su cuenta del Banco Francés.
El dinero no sobraba. En una comunicación que es parte de la causa, la pareja de Waldemar le pidió a Romero que frene la compra de droga de esa semana porque no le alcanzaba para el alquiler.
Waldemar, por su parte, fue defendido por un abogado particular que intentó lograr una exención de prisión mientras el hombre estaba prófugo, un planteo que fue declarado inadmisibile por la Cámara Federal de San Martín en 2016. La calificación en su contra fue la de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio, agravado por la participación mancomunada de tres o más personas.
Mirta Yolanda, su pareja, tuvo mejor suerte. Fue sobreseída por la extinción de la acción penal, simple paso del tiempo, un fallo del Tribunal Federal N°4 de San Martín firmado a comienzos de 2019.
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