En medio de la fuerte polémica a nivel nacional por el uso de celulares en cárceles, un micro de la empresa Laguna Paiva que transportaba a agentes del Servicio Penitenciario santafesino recibió un disparo en la madrugada de este viernes. El hecho ocurrió en la ruta 11, en el trayecto que hace habitualmente el coche entre la ciudad de Santa Fe y Coronda. No hubo heridos.
De acuerdo a fuentes del caso, al momento de la balacera iban diez agentes penitenciarios a bordo. El chofer del micro, un hombre de 35 años, detuvo la marcha a pocos minutos de sentir el disparo y dio aviso a sus superiores de lo ocurrido.
En principio, se creyó que el impacto podría haber sido de una piedra arrojada. Sin embargo, peritos de la Agencia de Investigación Criminal determinaron que se trató de un disparo que ingresó de forma oblicua hacia el lateral izquierdo del colectivo. Como no había orificio de salida de la bala y desde el Ministerio Público de la Acusación se dispuso que el colectivo retome su recorrido, la unidad será revisada en detenimiento en las próximas horas para tratar de hallar la vaina servida.
El micro hace de forma cotidiana el mismo trayecto: levanta personal en la ciudad de Santa Fe, luego en alrededores y posteriormente se dirige a las unidades penitenciarias que se encuentra en el sur de Santa Fe, donde están las cárceles de Piñero y de Rosario.
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El ataque ocurre en medio de una fuerte polémica nacional por el uso de celulares en penales, particularmente de detenidos de alto perfil dedicados al narcotráfico, sus cómplices y hampones, que les permite dirigir a sus organizaciones desde prisión, con un fuerte reclamo realizado por el procurador Eduardo Casal, que nucleó los planteos de fiscales federales. Los funcionarios piden que se instalen inhibidores de señales, se intensifiquen las requisas y se limiten las visitas a estos internos. El viernes pasado, “Guille” Cantero, líder de Los Monos, fue allanado en el penal de Marcos Paz, donde ya le habían encontrado varios teléfonos. También se allanaron oficinas administrativas del lugar, por sospechas de complicidad de penitenciarios.
A comienzos de este mes, a partir de un dato interno que recibió el subdirector de la cárcel santafesina de Coronda, el Servicio Penitenciario llevó a cabo un operativo en el Pabellón N° 1 de ese penal, donde están alojados los presos por causas federales: secuestraron 51 celulares, un trozo de marihuana y 275 envoltorios de cocaína.
En la requisa también se incautaron elementos corto punzantes, prohibidos para los detenidos en el establecimiento penitenciario, y una balanza de precisión. Por ese motivo, se le dio aviso a la Justicia federal y a la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal.
Los fiscales de Rosario, los primeros en la línea de fuego de la mayor crisis de inseguridad del país, también realizan sus reclamos. Valeria Haurigot, jefa de la Unidad de Balaceras, expresó esta semana: “Ayer pedí una requisa en la cárcel federal de Ezeiza, porque es una constante. Tenemos la denuncia de que un preso, Alan Funes, hizo amenazas por videollamada. Se tramitó a través de un Juzgado federal de Lomas de Zamora y aún no me reportaron resultados. Es un problema muy serio. El juez me dijo que en Ezeiza los reclusos tienen autorizadas las videollamadas por computadora. Así que vamos a tener que ver con qué dispositivo se comunicó”.
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