Sentado solo, en una pequeña sala de la Unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, con ojos de conejo asustado y un buzo color mostaza, lejos del glamour financiero de alto vuelo que alguna vez conoció, Enrique Blaksley Señorans, presidente de la firma Hope Funds, el principal acusado de la mayor estafa de la historia argentina, escuchó a comienzos de la tarde cómo el martillo en su contra comenzaba a caer.
Se encuentra detenido desde abril de 2018, cuando la Policía de la ciudad lo arrestó en el country Pacheco Golf, donde decía que debía bañarse con agua fría. El juicio en su contra comenzó en el Tribunal Oral Federal N°4 en febrero de 2021. Lo acusaron de los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo, captación de ahorros no autorizada e insolvencia fraudulenta, con un complejo entramado de sociedades encabezado por la firma que presidía. Allí, le prometía intereses siderales a ahorristas que entregaron sus pesos bajo contratos de mutuo en donde Hope Funds prometía ganancias con intereses de más del diez por ciento mensual.
Hoy, 18 meses después, llegó el turno del alegato de la fiscalía en el proceso. El fiscal general Abel Córdoba fue particularmente duro: pidió diez años de prisión para Blaksley además de una fuerte multa, deberá pagar seis veces los montos involucrados si es encontrado culpable, una cifra que deberá definirse. La AFIP, querellante en el caso, había pedido 12 años de prisión, lo mismo que el abogado Vega. Romero Victorica fue por más, 18 años.
Más de 300 víctimas lo denunciaron en la Justicia, constituidas en las querellas a cargo de los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier y Hernán Vega junto a Víctor Varone respectivamente. El perjuicio alcanzó los 1.500 millones de pesos en valor de 2017, casi 90 millones de dólares. Según la Justicia federal, tras una investigación de la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini, ese dinero era despilfarrado o desviado a distintos paraísos fiscales con propiedades en Miami y Panamá.
La imputación alcanzó a otras 15 personas: Federico Dolinkué -socio minoritario en Hope Funds y gerente administrativo-; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega. Pablo Andrés Willa, ex abogado de Blaksley, también fue señalado como integrantes del núcleo jerárquico del grupo.
Para todos ellos, Córdoba pidió entre seis y cinco años de prisión, además de, tal como a Enrique Blaksley, reintegrar seis veces lo defraudado.
Willa, abogado de profesión, había declarado como arrepentido tras ser detenido y tras dos indagatorias. Fue el letrado original de Blaksley y los emprendimientos vinculados a Hope Funds tras conocer al empresario en 1998, un vínculo que duró 14 años. Fue señalado como una suerte de estratega, un cerebro, “el arquitecto jurídico del holding”, según razonó la jueza Servini. Hoy, a minutos del inicio del debate, Willa presentó un pedido, según confirmaron fuentes cercanas al proceso: según el texto, manifestó haber sido solo un abogado externo y ofreció dinero y el remate de un auto para compensar a las víctimas.
Córdoba fue particularmente duro con él. Pidió al Tribunal N°4 que su traición a Blaksley no sea tomada como un atenuante y que no se le otorguen los beneficios que le corresponden a un arrepentido, ya que los hechos de los que habló, para empezar, no lo involucraban.
El proceso continuará el 20 de octubre con los alegatos de las defensas. La de Enrique Blaksley anunció, aseguran fuentes del proceso, que su alocución durará al menos cuatro jornadas.
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