Fin del misterio en el caso de la ‘mula’ secuestrada en Tucumán: apareció con vida en Bolivia

Fueron 24 días de angustia desde que R., de 33 años y nacionalidad boliviana que traficaba como ‘mula’ (o sea, trasladaba estupefacientes) desapareció tras ser secuestrado por una banda en San Miguel de Tucumán, que le exigía a su familia 50 mil dólares de rescate y mandaba videos como prueba de vida donde lo torturaban. Los delincuentes fueron detenidos pero nada más se supo de la victima. Incluso, se temió lo peor. Hasta este lunes: “Apareció en Bolivia, sano y salvo”.

“Se lo buscó y no se lo encontró, y ante un dato de que podría haber vuelto ilegalmente a su país, el fiscal de Tucumán, pidió colaboración y fue hallado en Bolivia por Interpol”, dijeron fuentes de caso a Infobae.

La agencia de noticias Télam amplió que fue localizado “en uno de los domicilios que frecuentaba”. Y que fuentes judiciales informaron les dijo que no había aparecido antes porque sentía mucho miedo. El fiscal Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit; y el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Pedro Rebollo; analizan tomarle declaración en su país.

Hay que recordar que la víctima había cruzado ilegalmente el 16 de marzo pasado hacia la Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca. 48 horas después, su familia comenzó a recibir llamadas, fotografías y videos donde se lo veía maniatado, herido y siendo torturado. Sus captores pedían dinero a cambio de su liberación y, unos días más tarde, cayeron detenidos. Además, se halló ropa ensangrentada de la víctima. Sin embargo, el paradero de R. seguía siendo un misterio.

Por entonces, los investigadores manejaban dos hipótesis sobre lo que podía haberle ocurrido con la ‘mula’: una era que R. hubiera regresado por sus medios a Bolivia y permanecía en las sombras por decisión propia, en medio de un clima donde predominaba el hermetismo: lo que finalmente se confirmó. La otra era que hubiera sido asesinado por sus captores.

“Por el momento, no se descarta nada, pero la hipótesis de que está con vida en Bolivia tomaría fuerza: el miedo y la ilegalidad de su situación no serían el mejor condimento para que se muestre a la luz”, habían dicho a este medio destacadas fuentes de la investigación.

La causa la investiga Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), quienes tomaron varias medidas para dar con R. Se relevaron hospitales y terminales de transporte de pasajeros de la capital provincial. Pero todo era infrutuoso. Fue entonces que intervino Interpol.

El caso

Lo cierto es que, por el narcosecuestro, hay cinco detenidos: tres hombres identificados solo por sus iniciales como J.A.A. (31), E.G.J. (29) y J.J.A. (32), y dos mujeres, D.D.A. (36) y M.A.A. (34). Están acusados del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación en el hecho de tres o más personas.

El fiscal Chit y el auxiliar fiscal de la UFESE solicitaron recientemente al juez federal Fernando Poviña que dicte el procesamiento con prisión preventiva de los cinco imputados.

La investigación del secuestro comenzó el 21 de marzo último, luego de que el padre de la víctima cruzara la frontera y denunciara ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina. que R. había dejado la casa que compartía con sus padres en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, para viajar hacia Tucumán cinco días antes, el 16 de marzo. Supuestamente, iba a realizar trabajos en una obra en construcción.

Lo concreto es que sus familiares no supieron nada de él hasta dos días más tarde, el 18 de marzo, cuando empezaron los llamados extorsivos. De acuerdo a la reconstrucción del caso, durante ese día, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante el servicio de mensajería WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja de la víctima y a su madre exigiéndoles 50 mil dólares a cambio de su liberación.

En ese marco, los captores incluso llegaron a enviarles “pruebas de vidas” a los familiares, que recibieron fotografías y videos en los que se veía a R. retenido, visiblemente lastimado y atado de pies y manos.

Las imágenes dejaban en evidencia que el hombre de 33 años estaba siendo ocultado en una vivienda en construcción y era torturado con un rebenque y con un taladro eléctrico: de hecho, una de ellas mostraba a la víctima vendada con uno de sus secuestradores apoyándole el taladro en la cabeza.

Los secuestradores le pidieron a la familia de la víctima que paguen el rescate a través de una famosa compañía de envíos internacionales. Les indicaron cómo hacer la transferencia a nombre de dos personas identificadas como G.E.D. y P.D.C. El pago nunca fue concretado, y la víctima aún no fue encontrada.

Luego de amplias tareas de campo y de análisis telefónicos, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización criminal. Así, el fiscal Chit ordenó ocho allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores, en los que fueron aprehendidos seis sospechosos, de los cuales hay cinco imputados. El restante es un hombre de 50 años para quien los fiscales solicitaron su falta de mérito, aunque seguirá sujeto a la investigación. La causa tiene, además, a otro sospechoso identificado con pedido de captura que aún permanecía prófugo.

Durante los procedimientos se hallaron pruebas contundentes: los equipos celulares a través de las cuales se realizaron las extorsiones; una camioneta Ford Ecosport en cuyo interior se advirtieron manchas de sangre y una campera, también ensangrentada; un látigo y un taladro idénticos al que usaron los secuestradores para amedrentar al ciudadano boliviano; la ropa de la víctima. Estos últimos elementos estaban en uno de los lugares de cautiverio de R..

“Los videos como prueba de vida donde le pegan con el látigo y el taladro son muy duros. No sabemos si se conocían, pero sí que hubo dos lugares de cautiverio donde estuvo repartido entre 3 y 4 días. Se sabe que en uno de los lugares filmaron uno de los videos y que en el otro hallaron el taladro y ropa con sangre”, destacaron las fuentes consultadas.

Según la investigación, varios de los acusados pertenecen a un mismo grupo familiar y tienen también un vínculo directo con uno de los titulares de las cuentas donde se exigió a los familiares de R. depositar el pago del rescate.

Para el fiscal, cada uno de ellos “actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima. Cada integrante del plan criminal dominó el curso del hecho a voluntad, conociendo el grave contenido de injusto del mismo, y a pesar de ello ninguno ha desistido de su accionar; todo lo contrario, la ha llevado a cabo en forma coordinada”.

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