
La causa que investiga el espantoso crimen de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado en La Pampa a fines de noviembre pasado, tuvo novedades importantes en las últimas horas y que dan cuenta del calvario que sufrió el niño antes de morir. Es que la fiscalía agravó las penas contra la mamá de la víctima y la novia de la mujer, presas por el homicidio. Así, se solicitó este miércoles que se amplíe la acusación contra ambas y ahora también les imputan el delito de abuso sexual triplemente agravado en calidad de coautoras, según informaron fuentes de la investigación a Infobae.
Lucio falleció a raíz de una golpiza que sufrió en la casa en la que vivía con su madre, de 24 años, y la novia de la mujer, 27, el 26 de noviembre pasado. Su caso causó conmoción y aún más luego de que las pericias confirmaron los abusos. Ahora, la Justicia completó la acusación para las dos mujeres por un delito aberrante. Lo que no pudieron determinar los investigadores es desde cuándo era sometido el chico, añadieron las fuentes consultadas.
Hasta el momento, tanto Magdalena Espósito, la mamá de la víctima, como Abigail Páez, su novia, contaban con imputaciones provisorias, realizadas apenas unas horas después de que se confirmara el asesinato de Lucio. La madre había sido fue acusada de homicidio agravado por el vínculo mientras que su pareja fue imputada por homicidio simple.
Tras el reinicio de la feria judicial, este miércoles, la fiscal Verónica Ferrero y su colega Walter Martos pidieron que se agrave el delito que se les imputa a las detenidas. Así los fiscales solicitaron que Espósito Valenti sea imputada por los delitos de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

A Páez, en tanto, se la acusó del delito de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.
La audiencia, que se hizo en forma virtual, fue encabezada por el juez de control, Néstor Daniel Ralli y estuvieron presentes, además de los dos fiscales, las dos imputadas que fueron trasladadas desde el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, y en forma separada por pedido de ellas.
“La querella adhirió a la imputación de cargo fiscal y agregaron el agravante de ‘odio al género masculino’”, detallaron las fuentes consultadas. Todo se dirimirá en el juicio.
Las detenidas se habían enteraron de la audiencia de este miércoles en los últimos días. La información les llegó a través de una comunicación telefónica con uno de sus abogados. Los letrados que las defienden solo fueron a visitarlas en una oportunidad al penal puntano, el resto de los contactos fueron mediante el teléfono público que hay en el patio del pabellón.

Ese lugar en el que viven dentro de la cárcel fue acondicionado especialmente para ellas. Se trata de un viejo pabellón, algo más espacioso que el resto, destinado para mujeres que debieran cuidar a sus hijos en prisión. “Como ya no tenemos reclusas de ese estilo, se destinó para ellas dos”, explicaron fuentes penitenciaras a Infobae. Para los responsables del penal, las mujeres aún no están listas para mezclarse con el resto de la población carcelaria. “Por el momento, seguirán compartiendo sólo con otras tres mujeres que también atentaron contra la vida de sus hijos”, dijeron desde el Complejo Penitenciario.
La realidad es que no las quieren sumar al resto de las presas por miedo a que las lastimen o, directamente, las maten.
Mientras tanto, la familia de Lucio Dupuy planifica dos marchas para reclamar Justicia. Una se realizará el sábado 26 de febrero en General Pico, cuando se cumplan tres meses del crimen. “En cada conmemoración que hacemos nos llega mucho afecto. Son mensajes de todos lados que nos dan mucha fuerza”, dijo Mario, el abuelo de Lucio a Infobae.
La otra movilización se hará el 25 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. “Estamos seguro de que nos va a acompañar gente de todo el pais”. Ese viernes planean movilizarse por el centro porteño para exigir que se impulse la llamada “Ley Lucio”. Se trata de un proyecto propuesto por la familia Dupuy, similar a la Ley Micaela de 2018, que tiene como objetivo generar capacitaciones para que los profesionales que intervienen en la crianza de los chicos cuenten con las herramientas necesarias para darse cuenta cuándo un menor sufre violencia.
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