El juez Martín del Viso, quien tiene a cargo la causa por la muerte de Lucas González, el chico de 17 años que fue baleado por policías de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, procesó con prisión preventiva a los tres oficiales imputados por el homicidio agravado por alevosía. También los embargó por 1.800.000 a cada uno, según el fallo de 90 páginas al que accedió Infobae.
Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos integrantes de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la mencionada fuerza de seguridad, principales imputados en el expediente.
Los tres fueron procesados como coautores del homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones de Lucas; y por la tentativa de homicidio, con los mismos agravantes, de los tres adolescentes que viajaban con la víctima. Todo en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, en calidad de coautor, y privación ilegal de la libertad”.
Fue el viernes pasado que el fiscal Leonel Gómez Barbella emitió un pedido para que los sospechosos permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra, pero había solicitado que les endilgue el “homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Sin embargo el juez dejó de lado la calificación del placer.
El 17 de noviembre pasado, cerca de las 10 y a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, donde tres policías de civil integrantes de la Brigada de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad, identificados como el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, circulaban a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida.
Al mismo tiempo, Lucas y sus tres amigos salían de un entrenamiento de la sexta división del Club de Barracas Central, donde Lucas jugaba de enganche. La víctima había asistido a una de sus prácticas habituales, mientras que el resto se había ido a probar.
Cuando terminaron, tomaron sus cosas y volvieron hacia el barrio San Eduardo, en Florencio Varela, donde vivían, a bordo de la Suran que era del padre de uno de los chicos, pero en el trayecto se encontraron con los efectivos de seguridad y por razones que aún no están claras comenzó un tiroteo que terminó con la vida de González.
Según la versión de los agentes, en ese momento dieron la voz de alto para identificar a los ocupantes de la Suran, pero, supuestamente, el auto aceleró y comenzó una persecución, donde, siempre en base a lo que argumentaron desde las fuerzas de seguridad, los amigos mostraron un arma y por eso abrieron fuego.
Sin embargo, mientras pasaban las horas, ese relato era puesto en crisis por los detectives del caso y ahora se investiga plenamente el accionar que tuvieron los efectivos porteños.
En cuanto al pedido de prisión preventiva, el fiscal argumentó que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos”, como así también tuvo en cuenta la “gravedad” de los hechos y la pena en expectativa. El juez le dio la derecha.
En su dictamen, Gómez Barbella consideró que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”.
La reconstrucción del hecho se inició el miércoles pasado en la esquina de Iriarte y Vélez Sarsfield, a dos semanas exactas del hecho que le costó la vida al futbolista juvenil de Barracas Central, pero al poco tiempo fue suspendida por un planteo presentado por las defensas de los acusados. Ahora se volverá a hacer mañana, desde las 9.
Hasta el momento son seis los efectivos detenidos, acusados de haber adulterado la escena del hecho y de haber “plantado” un arma de plástico para simular un tiroteo entre la Policía y Lucas y sus amigos. Se trata del comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4-, el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.
El oficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4D, se puso a disposición de la Justicia la semana pasada y los investigadores del caso evalúan si hay elementos como para imputarlo.
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