Este martes por la mañana, uno de los ocho acusados en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven que fue hallada asesinada en José León Suarez en abril 2017, quedó detenido cuando intentó ingresar con un arma blanca a la sala de audiencias de los tribunales de San Martín donde se desarrolla el debate.
El imputado que había llegado en libertad al juicio oral y que fue aprehendido es Hugo Cabañas, a quien personal policial a cargo de la seguridad en los tribunales de San Martín le encontró “un elemento cortante”.
Este detenido es empleado del corralón que pertenece a Carlos Casalz, otro de los imputados que fue detenido el pasado domingo cuando fue a votar, un día antes del inicio del proceso, acusado de intimidar a testigos y a la madre de Araceli.
A su vez, ayer un hombre ajeno a la causa que se había mezclado entre los familiares y amigos de Araceli, fue apresado luego de querer ingresar al edificio judicial con un hacha. Según los investigadores aseguraron a Télam, el hombre tiene una enfermedad psiquiátrica y dijo que su objetivo era “cortarle la mano o uno de los dedos” a uno de los ocho acusados.
Frente a esta situación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que acompaña a la familia de la víctima en el debate, pidió que se garantice que el juicio se lleve a cabo “sin riesgos” para los familiares de Araceli y para los testigos.
La directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual de esa cartera nacional, Natalia Chinetti, sostuvo que “durante estos 4 años y medio la familia sufrió varios tipos de amenazas. Ya tenemos dos imputados detenidos por hechos que tienen que ver con amenazas a testigos que van a declarar en la causa. Se debe garantizar que el debate se lleve a cabo sin riesgo para las personas que tengan que declarar”.
Los episodios intimidatorios en torno a este debate comenzaron con el acusado Carlos Casalz, a quien se le atribuye haber amedrentado a un testigo e intimidado a la madre de Araceli, hechos por los que fue encarcelado este domingo cuando iba a votar en una escuela de Villa Ballester.
“Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana. Es un video de este tipo caminando con una ametralladora. No sé quién me lo mandó, pero tomé captura de pantalla de lo que me mandaron, y lo denuncié ante la fiscal”, confirmó Mónica Ferreyra, madre de Araceli, en diálogo con la agencia de noticias.
Por su parte, Ricardo Fulles, padre de la víctima señaló que “al que detuvieron el domingo es el que asesina realmente a Araceli, en conjunto con los otros imputados. Él fue quien enroscó el precinto en el cuello para terminar matándola”.
El juicio por el femicidio se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Martín y tiene en el banquillo a ocho acusados y además de Casalz y Cabañas, están imputados Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, todos ellos actualmente libres. A lo largo del debate comparecerán entre 150 y 300 testigos, y el mismo se extendería hasta el 7 de octubre.
A los ocho se les imputa el delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”, que prevé la pena de prisión perpetua.
El tribunal está conformado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, mientras que la fiscal a cargo del debate es Mariana Piwarczuk.
Araceli de 22 años fue hallada muerta el 27 de abril de 2017 debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano.
La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su hogar, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: “Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”.
Pero nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. La autopsia determinó que la joven murió por “asfixia mecánica” por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos.
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