Condenan a un ex fiscal de Rosario por recibir coimas de un capitalista de juego clandestino

Gustavo Ponce Asahad Recibió durante 20 meses sumas en dólares para favorecer a Leonardo Peiti. Dio datos contra su ex jefe y un senador provincial que no fue imputado sus fueros

El ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, fue condenado a 3 años de prisión efectiva por corrupción ligada al juego clandestino
El ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, fue condenado a 3 años de prisión efectiva por corrupción ligada al juego clandestino

El ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad fue condenado este martes a la pena de 3 años de prisión efectiva por corrupción ligada al juego clandestino. En la causa, se logró establecer que recibió durante 20 meses sumas en dólares para favorecer judicialmente a Leonardo Peiti. En la audiencia en la que se dio a conocer la resolución, la jueza María Isabel Más Varela, además, aceptó al ex funcionario judicial como arrepentido por considerar que realizó aportes “importantes” en la investigación contra su ex superior, el ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, y contra el senador provincial por San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri, quien no fue imputado por tener fueros legislativos.

Ponce Asahad, que se encuentra detenido desde el 4 de agosto del año pasado en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario, aceptó ir a un juicio abreviado con los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada. La pena fue rebajada de 6 a 3 años de prisión por la información brindada a la causa, ya que sus declaraciones fueron constatadas con evidencias como antenas de celulares y mensajes de WhatsApp entre las personas señaladas, como Serjal y Traferri.

El ex fiscal Ponce Asahad, según la acusación, era uno de los organizadores de una asociación ilícita junto con el capitalista del juego ilegal Leonardo Peiti y el ex jefe de fiscales de Rosario.

En la condena se determinó que el objetivo de esa asociación ilícita “fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente”.

En ese marco, los por entonces fiscales Ponce Asahad y Serjal “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.

Armando Traferri, senador provincial, involucrado en el caso
Armando Traferri, senador provincial, involucrado en el caso

Esa organización, de acuerdo a la causa, se desplegó en las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela desde mediados de diciembre de 2018 hasta el 24 de julio del año pasado.

En una audiencia de diciembre del año pasado, Ponce Asahad pidió ser imputado colaborador y en su declaración dio fechas de llamadas realizadas entre él y el senador peronista Armando Traferri, que fueron acreditadas por informes solicitados a las empresas de telefonía, según fuentes judiciales.

Por otra parte, fueron expuestos en varias audiencias, por parte de los fiscales de la causa, algunos mensajes de WhatsApp que fueron extraídos de conversaciones mantenidas por el presunto empresario del juego clandestino con otras personas, en las que Peiti decía que acababa de salir de reuniones con el senador.

Segunda condena

La del ex fiscal es la segunda condena en la investigación por corrupción ligada al juego clandestino en Santa Fe. El anterior condenado fue el ex alto mando policial Alejandro “Pipi” Torrisi a 3 años de prisión condicional.

A pesar de ir a un juicio abreviado y de rebajar su condena, Ponce Asahad no quedó en libertad. Este martes, la jueza Más Varela consideró que esa definición le tocará a un juez de Ejecución Condicional.

El resto de los imputados en esta etapa de la causa (que es desprendimiento de otra por extorsiones que llevaban adelante Los Monos) son Peiti; Lorena Córdoba, viuda del “Zar del juego” David Perona; el empleado judicial Nelson Ugolini -ex secretario de Ponce Asahad-; y el ex jefe de fiscales Patricio Serjal.

El ex Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal
El ex Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal

A esta etapa de la investigación se llegó por parte de los fiscales por un desprendimiento de una causa contra Los Monos por extorsiones y regenteo de juego clandestino. Todo comenzó con una pericia telefónica hecha al celular de Maximiliano “Cachete” Díaz, mano derecha de Ariel Máximo “Guille” Cantero, tras el crimen del casino City Center de enero de 2020, cuando un gerente bancario que fumaba en un balcón del predio recibió un tiro en la cabeza que fue efectuado desde una moto que pasó por inmediaciones.

El crimen se dio en el marco de extorsiones a las autoridades del casino y, de acuerdo a la planificación de Los Monos, el ataque debían ejecutarlo dos miembros de la banda que habían caído detenidos con armas en un procedimiento de Gendarmería. Para sacarlos de la comisaría, “Cachete” Díaz le pidió a Peiti –a quien habían extorsionado antes tras balearle un inmueble– que gestione las libertades a través de un contacto judicial que, después de varias pericias, se estableció por Fiscalía que eran Gustavo Ponce Asahad y su secretario Nelson Ugolini.

Con fueros

El único de los mencionados en la causa que aún no pudo ser acusado por juego clandestino es el senador peronista Traferri. El pasado 23 de agosto fue citado a audiencia imputativa por los fiscales para acusarlo –tras una resolución de un camarista que los habilitaba–, pero el dirigente por San Lorenzo no fue. Sí lo hizo su abogado, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, ya que se basa en los fueros del legislador provincial.

El capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti
El capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti

Los fiscales consideraron este lunes, previo a la condena a Ponce Asahad, que es “inédito” que hasta el presidente Alberto Fernández pueda ser imputado –por incumplir medidas sanitarias por la reunión mantenida en Olivos–, y no un senador departamental que se basa en su inmunidad legislativa para no ser imputado.

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