El Gobierno bonaerense no acatará la orden de la Justicia para vacunar a los presos en las cárceles

Luego del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata que obliga al gobierno bonaerense a diseñar en 5 días un plan para vacunar a todos los presos mayores de 60 años y a aquellos que tengan enfermedades preexistentes, fuentes de la gestión de Axel Kicillof confirmaron a Infobae que no aceptarán la medida por considerar que “la justicia no es la encargada de pautar los tiempos de la vacunación”. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud provincial aseguran que trabajan desde hace tiempo en una estrategia de inmunización para las personas que están privadas de su libertad en la medida de que haya dosis.

“El plan de vacunación viene muy bien y no queremos que la Justicia nos marque los tiempos. No son ellos los encargados de hacer eso. Se está avanzando en un plan para inocular presos a medida que se tenga disponibilidad. Es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo”, señalaron desde la gobernación.

El fallo en cuestión fue firmado ayer por los jueces Gustavo Scaparotel y Claudia Milanta de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, a raíz del planteo que había hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.

En la solicitud se planteaba básicamente que los detenidos tienen mayores dificultades que el resto para acceder al plan de vacunación. Según el escrito de la CPM, existieron casos de presos que gestionaron la pre-inscripción por la app Vacunar y cuando les llegó el turno no consiguieron la autorización para salir del penal a inocularse.

Los jueces coincidieron en varios puntos del planteo, sobre todo en el hecho de que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.

Según datos consignados por la CPM, el año pasado murieron 178 personas en cárceles bonaerenses de las cuales 28 fueron por COVID, lo que representa una tasa de 7 fallecimientos cada 10.000. Es un índice menor al del Servicio Penitenciario Federal explicado, según los datos del organismo, por una edad carcelaria inferior.

La Comisión además realizó 32 inspecciones en 27 establecimientos y constató un hacinamiento brutal que se traduce en números: En abril de este año, había en cárceles bonaerenses 44.584 personas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias existentes, lo que implica una sobrepoblación de 114%.

El pedido realizado por Pérez Esquivel tuvo un primer rechazo hace algunas semanas cuando el juez de garantías 3 de La Plata, Nicolás Raele, decidió denegar la solicitud por considerar que “los actores (por la CPM) no han identificado ni un solo caso en el que dé cuenta que habiéndose procedido a inscribirse de modo en que indicará la persona haya sido excluida por su condición de privado de la libertad”.

A raíz de esta negativa llegó la apelación correspondiente y por eso tuvieron que intervenir los jueces de Cámara. De los tres magistrados, solo Gustavo De Santis votó en disidencia aunque no emitió opinión sobre la cuestión de fondo.

La vacunación de las personas que están privadas de su libertad fue eje de discusión desde el momento en que comenzó el plan de vacunación general. Algunos especialistas en cárceles, cómo Leandro Halperin, aseguran que los detenidos deberían haber sido incluidos desde el principio como grupos prioritarios: “Fue un desacierto no sumarlos. Primero porque son personas igual que el resto y además porque son un riesgo no sólo para ellos sino también para los penitenciarios que entran y salen del penal y ven a otras personas”.

Desde el gobierno de Kicillof aseguran que aquellos agentes del Servicio penitenciario que quisieron vacunarse, ya están inoculados.

Volviendo al fallo judicial, otra fuente con peso en la gestión actual de la Provincia aseguró que por el momento “los detenidos no están dentro de las prioridades del plan de vacunación aunque si lo estarán pronto”. Además agregó: “Se va a cumplir la solicitud de vacunación a los presos, estamos trabajando para eso aunque no en los tiempos que nos da la justicia porque ellos no están para marcarnos los plazos”.

Según datos que manejan las autoridades del SPB, son 4 mil los presos que estarían en condiciones de ser vacunados por su edad o por tener comorbilidades. El detalle indica que hay 2.500 detenidos que tienen más de 60 años y 1.500 que poseen factores de riesgo. A ellos apunta la solicitud que realizó la CPM, que autorizó la justicia pero que no acatará en su totalidad la provincia sobre todo en cuanto a los plazos.

Seguir leyendo: