A seis años del asesinato de Lola Chomnalez en las playas de Barra de Valizas en Uruguay, la familia de la adolescente espera que cuando se levante la feria judicial en 2021 la fiscalía pida que el único procesado por el crimen sea condenado, en tanto que continúa la investigación para identificar y localizar al otro hombre que, se cree, participó en el homicidio.
Juan Willman, abogado de los Chomnalez afirmó: “Tenemos una persona procesada, en principio, como copartícipe del homicidio. Se avanzó en indagarlo, en ubicarlo en el lugar y en que estuvo en contacto con Lola. Se tomaron declaraciones a su entorno y se recibieron distintos informes, por lo que estimo que levantada la feria, lo que va a hacer la fiscalía es acusarlo directamente”.
Es de destacar que según los pasos procesales del vecino país, cuando la fiscalía considera que se agotó la prueba respecto de un acusado, en este caso el detenido Ariel Moreira, apodado “El Cachila”, le pide al juez que se lo condene o no, y en el primer caso, la pena que le correspondería.
El letrado indicó en diálogo con la agencia Telam que “por otro lado, la investigación continúa ya que, para nuestro criterio y el de la familia, hubo más de un partícipe, lo cual lo tenemos claro por los rastros de sangre, con ADN masculino, que quedó en la escena y no es de Cachila”. A su vez recordó que el detenido “nunca dijo quién es esa persona”, por lo que prosiguen las diligencias a cargo de la justicia y del Ministerio del Interior para poder identificarla y localizarla.
“Yo creo que a Moreira lo van a condenar. No tengo dudas. Es una lástima que él no haya colaborado”, señaló el abogado, quien consideró que los investigadores están “trabajando y bien”. Y respecto de las últimas diligencias dispuestas, el letrado explicó que se aguarda que envíen desde la Argentina la historia clínica de Lola para “chequear” algunas cuestiones que el procesado aportó en su declaración.
El Tribunal de Apelaciones en los Penal del 4° Turno de Uruguay confirmó en diciembre pasado el procesamiento de “Cachila” dictado en primera instancia por la jueza subrogante de Rocha, Rossana Ortega, quien lo consideró “coautor” del delito de “homicidio agravado por alevosía”, el cual prevé en Uruguay penas de entre 15 y 30 años de cárcel.
En tanto, los peritos de la Policía Científica cotejaron el ADN del supuesto asesino hallado en una cédula y una toalla dentro de la mochila de la víctima con el perfil genético de cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas. Además, Willman explicó que dio negativo el cotejo con el ADN de la madre de “El Tereso”, un sospechoso que se suicidó en 2015 y que era investigado como posible autor material del crimen de Lola.
La joven Lola Chomnalez viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
La autopsia determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Según el fallo de la jueza Ortega, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
“El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación pero luego liberado ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en la mochila de la víctima pero en su declaración ante la justicia, el ahora procesado admitió que se cruzó con la víctima en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció “una estampita”, pero que luego ella se sintió “mareada” y que al auxiliarla descubrió que “no tenía pulso”, se asustó y se fue.
Para el fiscal Jorge Vaz, “El Cachila” estuvo presente “antes, durante y después” del homicidio, cuyo móvil fue probablemente “sexual”. Y entre las pruebas valoradas para su procesamiento estuvieron los resultados de peritajes psicológicos, psiquiátricos y semiológicos que revelaron que el acusado tiene una personalidad con tendencia “a la mitomanía”, a “irritarse fácilmente y perder el control de sus impulsos”, y un patrón de “desprecio y violación de los derechos de los demás”.
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