
Durante años, los chicos y chicas hippies de la clase media de la Capital Federal habían buscado su destino mochilero en Barra de Valizas, en el departamento de Rocha, a poco más de 120 kilómetros de Punta del Este en Uruguay, un pueblo de pescadores casi sin luz eléctrica con posadas y fogones por la noche frente al mar. Había artesanos, rondas de guitarra, vagabundos, trashumantes, pocos policías para patrullar atardeceres escénicos, vida bucólica. Pero más allá de algún borracho insistente en la playa, no había un sentido de amenaza.
Había, en cierta forma, un sentido de libertad. De inocencia.
El 30 de diciembre de 2014, el cadáver de Lola Chomnalez marcó el fin del verano de la inocencia.
Lola, una estudiante de colegio secundario, alumna del Liceo 9 de Belgrano, había llegado a Valizas el 27 de diciembre a ver a su madrina y a la pareja de ella. Fue a la playa al día siguiente, llevó un monedero, un pareo, un libro de Julio Cortázar. Nunca más volvió, no con vida. Su madrina recorrió la playa, buscaron. Luego, se hizo la denuncia por su desaparición.
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Dos días después, entre dunas y arbustos, el cuerpo de Lola era encontrado por un pescador y su hijo a seis kilómetros de Valizas en dirección a Aguas Dulces. La zona había sido rastrillada antes por la Policía Uruguaya. No se había detectado nada. Se le hicieron exámenes de ADN al pescador y su hijo para comparar con muestras tomadas del cadáver, que dieron negativo.

La autopsia confirmó que Lola murió a causa de una asfixia. Encontraron arena en sus pulmones. También había sufrido varios cortes de arma blanca. No fue abusada antes de morir.
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La familia de la adolescente -Diego, el padre, Adriana Belmonte su madre-, llegaron a Uruguay poco después. Las primeras sospechas fueron sobre la pareja de la madrina de Lola, que fue detenido e incomunicado durante un día y medio, luego salió. Luego, los Chomnalez volvieron a Buenos Aires. "Se me nubla el alma", escribió Adriana tres meses después en una carta. Se formó un altar en su casa, fotos, dibujos, como un archivo privado.
Y durante cuatro años hubo marchas, contramarchas, sospechosos, más detenidos que luego eran liberados, reclamos, más reclamos. Más que nada, incertidumbre.
A comienzos de este mes, Diego y Adriana viajaron a Uruguay una vez más para reunirse con Jorge Vaz, el nuevo fiscal del caso, el quinto en pasar por el expediente. Después de 5 mil folios y las declaraciones de 100 personas, 40 de ellas como indagadas tras ser detenidas, había un avance. Esta semana, Vaz pidió a la Justicia de su país que se procese a Angel Moreira Marín, "El Cachila", un vagabundo que trabajaba ocasionalmente como trapito y vendedor de estampitas, de cara a particularidades en su declaración. Según el fiscal Vaz, habló de cosas que solo las podría saber un partícipe directo del hecho, alguien que por lo menos presenció el crimen.
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Moreira, padre de tres hijos, ya había sido detenido en su momento. Sus contradicciones ya eran conocidas. "Primero dijo que le ofreció una estampita, después que la vio descompensada, después que habló con ella y como se asustó, se fue. ¡Es una locura!", aseguró Adriana Belmote en 2015.

La puerta giratoria de fiscales, jueces y detenidos comenzó poco después, para acumular hasta hoy 40 personas arrestadas en total. Jorge Vaz se convirtió desde su llegada al departamento de Rocha en febrero de este año en el fiscal número cinco del expediente.
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La mochila de Lola fue encontrada dos semanas después del crimen, a 200 metros de donde apareció el cuerpo. No tenía dinero, la plata que se llevó de la casa de su madrina. ¿Le habían robado? ¿Ese era el móvil tras su muerte, un posible homicidio criminis causa?
Jorge Vázquez, entonces viceministro de Interior del Uruguay, aseguraba que esclarecer el crimen era una cuestión de Estado y ordenaba nuevos peritajes a cargo de Policía Científica en la casa donde Lola había estado con su madrina. Los tres primeros detenidos tras la madrina y su pareja llegaron en la primera semana, changarines de la zona de Valizas. Circuló un identikit difundido por el Ministerio del Interior, un hombre de piel trigueña. En marzo de 2016, los padres de Lola pidieron a las autoridades "una auditoría del caso".
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Y nada.
Todo esto y nada. La lista de sospechosos y pistas se agotó en poco menos de un año. El crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata impulsó movilizaciones masivas en todo el país en octubre de 2016. La cara de Lola estuvo en las pancartas.
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El pareo y la toalla que llevaba Lola fueron eventualmente encontrados. Tenían sangre, que no era de Lola, sino de alguien más. Los 40 detenidos en la causa fueron analizados. A esa sangre nunca se le encontró un dueño, uno de los mayores enigmas en la historia policial latinoamericana reciente. "¿Esa sangre es del asesino? Es una pregunta que siempre nos hacemos y pensamos cuán veraz es esa mancha porque la mochila aparece muchos días después, casi justo cuando la actual jueza asume en la causa. No sé si no fue plantada", dijo la madre de Lola después del crimen.
En noviembre de 2016, los Chomnalez pidieron que se compare con el ADN de todos los presos del penal de Rocha, el más cercano a la zona del crimen. Esas pericias, asegura el diario uruguayo El País, continúan hasta hoy.
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Mientras tanto, la pista del "Cachila" reaviva la posibilidad de una respuesta.
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Quién es "El Cachila", el nuevo acusado del crimen de Lola Chomnalez y qué lo incrimina
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