El 27 de julio pasado, un transportista de una firma porteña dedicada a comercializar neumáticos, salió con su carga de ese día: 100 cubiertas Dunlop en la parte trasera de su Ford F-100 que debía entregar en un depósito de Villa Lugano. Transitó por Curapaligüe hacia Directorio. Allí, dos hombres frenaron su marcha y lo abordaron, pistolas en mano. Así, lo encañonan y lo secuestran, lo privan de su libertad al arrastrarlo a otro vehículo que el camionero no pudo recordar, ni su marca, su modelo o su color. “Quedate piola, que tu camioneta está por acá cerca”, le dijeron.
Efectivamente, su camioneta estaba cerca: la encontró a pocas cuadras sin una sola cubierta, la habían vaciado, un típico golpe de piratería del asfalto. La mecánica de secuestrar al chofer de la carga se repite como en otros hechos de mayor complejidad donde la banda necesita vaciar el vehículo de transporte y mudar la carga, como ocurrió al comienzo de la cuarentena en Villa Martelli, donde otro conductor a bordo de una F-100 sufrió el robo de 60 cajas de barbijos.
Así, se formó una causa por el delito de robo y privación ilegítima de la libertad en el Juzgado N°61 de Edmundo Rabbione que fue investigada por la división Investigación del Robo Organizado de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Hubo dos detenidos esta semana tras allanamientos en Villa Soldati. Se recuperó parte de la carga, 45 cubiertas de la misma marca que las robadas encontradas en un depósito de la banda, además de siete celulares, computadoras y 93 mil pesos en efectivo. Tenían también armas de fuego, herramientas y uniformes de la Policía Federal, así como balizas, utilería que les podría servir para, por ejemplo, montar un falso control. Se les encontró otro clásico de la piratería del asfalto, un inhibidor de señal para bloquear pedidos de auxilio desde celulares o sistemas de alerta.
Los detenidos, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae, son hombres con historias largas y violentas.
“El Chueco”, de 40 años, supuesto líder del golpe y “El Kiki”, de 38 años, su principal secuaz, registraron varias entradas y salidas de prisión y varias causas en su contra en sus legajos de reincidencia. Sus nombres son mantenidos en reserva por la Justicia.
“El Chueco”, curiosamente registrado en los rubros de mensajerías y correos de la AFIP, oriundo de Villa Domínico, tiene una reciente orden de libertad bajo caución juratoria, la promesa de cumplir reglas impuestas por el tribunal y no delinquir en una causa por robo a mano armada, dictada por un tribunal porteño. Salió del penal número 32 de Florencio Varela a comienzos de abril de este año tras haber ingresado en mayo de 2018. Se le dio la orden de presentarse ante el tribunal periódicamente, una orden que quedó suspendida por la cuarentena. Registros penitenciarios muestran que cumplió su condena.
Tres meses después, “El Chueco” volvió a robar, según la acusación en su contra. Ya había estado preso al menos dos años en un penal federal, entre 2007 y 2009. Su cómplice lo acompaña en su historia.
“El Kiki” tenía viejos pedidos de captura por encubrimiento y robo que databan de 2006, emitidos por tribunales porteños y de Morón que databan de 2006. Tras pasar por el penal de La Matanza, el secuaz de “El Chueco” salió en abril de este año con las mismas condiciones que su cómplice, otra caución juratoria con firma de un juzgado de la jurisdicción. Sus registros previsionales muestran otro dato llamativo: siete años de aportes del Ente de Cooperación del SPF que le paga los sueldos a los detenidos, desde 2007 a 2015, 8 años de tareas menores como preso en una cárcel federal. “El Kiki” entró al penal de La Matanza, la Unidad N°43 del SPB, también en mayo de 2018.
La PFA también arrestó a “El Paraguayo”, encargado de vigilar el depósito de la banda: tenía una condena de dos años de ejecución condicional por amenazas y lesiones leves. La víctima fue su ex pareja. La restricción perimetral sigue vigente.
Los abogados Gabriel Iezzi y Víctor Varone, del estudio que lleva sus apellidos, encabezan hace más de una década la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, que congrega a aseguradoras, empresas de transporte, fiscales especializados y fuerzas de seguridad para diseñar estrategias. Elabora informes periódicos para analizar el delito, lo que se convirtió en la principal estadística del robo de mercadería en el país.
Iezzi asegura: “La actividad delictiva relacionada a la piratería de camiones tuvo en este año cómo en otros tipos de delitos una baja en los primeros meses del aislamiento. De allí en más hubo un aumento paulatino a nivel país, en muchos casos con bandas que operan en sus territorios de confort, es decir sin demasiado desplazamiento en base a los controles policiales existentes”, lo que alimenta el mercado negro.
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