41 efectivos de la Policía Bonaerense quedaron imputados por el supuesto armado de causas narco falsas

Un total de 41 efectivos de la Policía Bonaerense y tres abogados quedaron imputados como presuntos integrantes de la banda del fiscal Claudio Scapolán, acusado de liderar una organización ilícita que se dedicaba al armado de falsos expedientes vinculados al narcotráfico.

Así lo resolvió en las últimas horas Fernando Domínguez, de la Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro, quien se encuentra a cargo de esta investigación y consideró que su colega estuvo al frente de “una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos”.

Dominguez presentó un dictamen de 245 páginas en el que aseguró que el “método criminal” con el que operaba la agrupación supuestamente encabezada por Scapolán consistía en la “sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros”.

Además, consideró que la banda extorsionaba “a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados”, o a “personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”.

Por el caso ya se encuentran detenidas 12 personas, nueve de ellas policías de la provincia de Buenos Aires y dos funcionarios del Ministerio Público llamados Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, mientras que Scapolán será indagado el próximo miércoles como jefe de la asociación ilícita y ya tiene un pedido de desafuero para ser detenido.

Los uniformados que fueron arrestados son los comisarios Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty, los subcomisarios Oscar Antonio Caviglia y Juan José Magraner, los principales Juan Alberto Elizalde y Juana Elizabet Medina, el subteniente 1º José María Delgado, el sargento Santiago Ignacio Cabré, el ayudante Alexis Jesús Tabares.

No obstante, Domínguez imputó en total a 41 policías como integrantes de esta organización, como así también a tres abogados que aún no fueron detenidos y cuyos nombres aún no trascendieron.

“¿Cómo podía pensar yo que un fiscal encabezaría una organización criminal integrada por funcionarios policiales dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, etc., etc.? Sin embargo, eso es lo que hemos descubierto con la marcha de la investigación”, indicó el fiscal federal en el escrito que presentó ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Para Domínguez, los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de estupefacientes.

Según el fiscal, los hechos ocurrieron entre el 2012 y el 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro, la cual fue disuelta en 2016.

Esta investigación surgió puntualmente por presuntas irregularidades en el operativo llamado “Leones Blancos”, el cual se llevó a cabo en 2013 y derivó en la incautación de 500 kilos de cocaína.

Según se reconstruyó, a partir de un supuesto dato anónimo la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes fue hasta una quinta de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, sobre la calle Schiffely. De allí salió una camioneta Mercedes Benz Sprinter en Panamericana y Camino del Buen Ayre, cerca del shopping Soleil, que para ese entonces era jurisdicción de Scapolán.

Los uniformados descubrieron que en la camioneta había 481 kilos de polvo ocultos en bolsos. Cerca, en un vehículo de apoyo, una Peugeot Partner, se encontraron 12 kilos más. Cuatro hombres fueron detenidos por este hecho, pero todos ellos fueron absueltos más tarde por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, luego de que las defensas con abogados como Albino “Joe” Stefanolo apuntaran múltiples irregularidades.

“Queda al descubierto una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos -vaya paradoja- encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico”, consideró Domínguez en su último dictamen.

En este sentido, el fiscal remarcó que “la corrupción no es sólo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. “, sino que “va mucho más allá y se extiende y ramifica”.

Según la investigación, la cocaína sustraída en “Leones blancos” tenía un valor calculado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y fue comercializada por la organización en la costa bonaerense.

Otra de las supuestas irregularidades en la que está involucrado Scapolán tiene que ver con un detenido que lo denunció porque, junto a los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le habrían “plantado” tizas de cocaína en su auto, le exigieron 20.000 dólares de “coima” a su mujer y le “armaron” una causa.

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