Pidieron a Uruguay la extradición del militante de izquierda que disparó con un mortero casero frente al Congreso

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió la extracción de Sebastián Romero, el militante de izquierda que fue detenido a fines de mayo en Uruguay luego de estar dos años prófugo en la causa en la que se lo investiga por los incidentes ocurridos en el Congreso Nacional en diciembre de 2017 durante las protestas por el debate de la ley de reforma previsional.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado hizo el pedido a Cancillería a través de un oficio para que a través de ese organismo se gestione en envío al país de Romero, quien está preso en Uruguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, es el encargado de esos trámites ya que es quien se vincula como oficialmente con el resto de los países del mundo.

Conocido como “el gordo del mortero”, Romero fue tomado por canales de televisión y fotógrafos en el momento que con un arma casera tipo mortero disparaba contra la Policía que custodiaba el Congreso de la Nación. Fue el 18 de diciembre de 2017 cuando el Parlamente debatía un proyecto de ley del gobierno de Mauricio Macri.

Junto a otras personas que también protagonizaron disturbios, el juez federal Sergio Torres pidió sus detenciones. Militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Romero no pudo ser detenido. Estuvo prófugo hasta el 30 de mayo pasado cuando fue detenido en la ciudad del Chuy, en Uruguay.

Por su paradero el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón de pesos y la justicia dispuso su captura nacional e internacional.

Mientras estuvo prófugo, Romero intentó lograr que la justicia le permitiera estar en libertad mientras durara la investigación de su caso para poder presentarse en tribunales sin correr riesgos de quedar detenido. Pero sus pedidos de exención de prisión fueron rechazados tanto por la Cámara Federal como por la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que así se mantuvo su condición de prófugo y la orden de detención.

El trámite de extradición -que no tiene plazos- implicará la aceptación de Uruguay para que sea enviado al país. Esa decisión estará a cargo de Patricia Rodríguez, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 32 de Montevideo. Cuando eso ocurra, Romero será trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, para ser indagado por el juez Canicoba Corral -que reemplazó a Torres- y por Alejandra Mangano, la fiscal del caso. Romero, de 35 años, está acusado de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.

Romero no es el único acusado por los hechos. También lo está Daniel Ruiz, otro militante de izquierda que fue enviado a juicio oral y público el año pasado. El caso tuvo 69 detenidos, de los cuales 58 fueron sobreseídos por el juez Torres por deficiencias en el operativo policial.

Romero fue precandidato a diputado de la nación, ex delegado de General Motors en Santa Fe y en noviembre del año pasado tuvo una aparición pública cuando a través de mensaje escrito en el que se describió como un “perseguido político del gobierno de Macri”.

“Saludo la heroica lucha de nuestros hermanos chilenos. Es muy importante que el movimiento obrero se ponga en escena a través de un gran paro nacional. Para que a través de las asambleas elijan un comité de lucha para llevar adelante nuestro reclamos. Lo mismo tienen que hacer en los barrios y los lugares de estudio. Para que de una vez por todas el pueblo chileno decida qué hacer con el país”, dijo en un video subido a las redes sociales del PSTU.

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