En medio de la polémica por la liberación de presos con la excusa de la pandemia por coronavirus y ante el malestar de los familiares de las víctimas, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se reunieron con algunas de ellas en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del barrio de Chacarita.
Estuvieron presentes Viviam Perrone (madre de Kevin, joven atropellado por un auto en 2002), Jimena Aduriz (madre de Ángeles Rawson, asesinada en 2013), Isabel Yaconis (madre de Lucila, asesinada en 2003), Paolo Menghini (padre de una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once en 2012) y Karina Massa (representante legal de la Usina de Justicia y madre de Matías, asesinado en 2014 en ocasión de robo).
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El objetivo del encuentro fue interiorizarlos sobre el trabajo que está haciendo el Observatorio de Víctimas y el Patrocinio Jurídico Gratuito, que consiste en evitar que el ingreso al sistema judicial sea para la víctima una nueva situación traumática, que se suma al delito que sufrió, y generar un espacio de contención, escucha y asesoramiento jurídico en el marco de la causa penal que está llevando adelante.
Santilli expresó que la reunión fue “muy enriquecedora” y consideró que “los familiares de las víctimas cumplen un rol muy importante dentro del sistema judicial". Para el funcionario, "sin elegirlo quedan implicados dentro de una situación que ha cambiado sus vidas para siempre y su experiencia en ese contexto se convierte en esencial para poder fortalecer el sistema de justicia ahí donde se encuentra frágil”.
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“Es importante visualizar lo que realmente significa tener una Ley de Víctimas en nuestro país, que exige la comunicación previa a la víctima para que después el juez determine lo que tenga que determinar”, sostuvo Santilli.
D’Alessandro, a su vez, consideró que “desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad tenemos un diálogo permanente con los familiares de las víctimas del delito. En este caso nos reunimos para seguir coordinando políticas que ayuden a través del Observatorio de Víctimas y dándoles a aquellos que lo necesiten el patrocinio jurídico gratuito que prevé la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad”.
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Por su parte, los familiares remarcaron la importancia de concientizar a la población sobre la existencia de Ley de Víctimas al tiempo que pidieron “trabajar dentro del Observatorio de Víctimas en la violencia contra los niños”, ya que “al no tener el paraguas de la escuela muchos están expuestos a maltratos”.
El Observatorio de Víctimas de la Ciudad, que comenzó a operar en diciembre de 2019, es una forma muy concreta para implementar y mejorar el acceso a la Justicia de las persona víctimas de delitos.
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El trabajo junto con las víctimas de delitos permite: indagar la percepción de la ciudadanía acerca del sistema de justicia en general, conocer la accesibilidad al sistema de justicia; explorar el acceso a la justicia en situaciones donde las personas fueron víctimas de delitos y/o de situaciones conflictivas, describir los niveles de confianza en la Justicia penal, conocer la legitimidad que los ciudadanos confieren a las autoridades de la Justicia penal, explorar el impacto de las reformas del sistema penal e identificar las percepciones sobre seguridad y el sistema de sanciones.
El Patrocinio Jurídico, en tanto, busca garantizar el acceso a la representación jurídica y asesoramiento a todas las personas que fueron víctimas de delitos contra la vida, libertad o integridad sexual, en casos de falta de recursos para solventarlo.
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Esta iniciativa puesta en marcha el año pasado surge de la Ley 6.550, aprobada por la Legislatura porteña a fines del 2018, que estableció que el Estado debe garantizar a las víctimas de delitos el patrocinio jurídico necesario para ejercer sus derechos y, en el caso de que lo requiera, para querellar. Es decir, facilitarles abogados sin costo para que puedan recurrir a la Justicia.
Este programa actualmente tiene 18 causas patrocinadas por abogados de la Subsecretaría de Justicia porteña y en el 2019 se llegó a unas 50.
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