Los violadores y asesinos prófugos que fueron detenidos por violar la cuarentena

Son violadores, asesinos, ladrones, delincuentes que durante años se mantuvieron a la sombra de la Justicia que los buscaba. Prófugos que sin dinero ni una logística criminal “aceitada” habían conseguido burlar los engranajes oxidados de los detectives que deberían estar tras sus pasos. Ni siquiera, como otros cientos, cayeron en la tentación de ir a ver a la cancha al club de sus amores y ser descubiertos allí, como en “El secreto de sus ojos”, la película ganadora de un Oscar dirigida por Juan José Campanella. Pero llegó la peste planetaria. De la mano del COVID-19, el 20 de marzo, el gobierno nacional impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y con él, las restricciones para circular. Solo podían hacerlo los que estaban habilitados y conseguían el salvoconducto. Para que se cumpla la cuarentena y aplanar la curva de contagios por coronavirus, las calles, avenidas y los ingresos a ciudades, pueblos y municipios se saturaron de policías y fuerzas federales.

Hasta el 1° de mayo por la tarde, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, más de 5 millones de personas fueron frenadas en controles de las fuerzas de seguridad federales (más de 3,7 millones de vehículos).

Ahí, para estos prófugos, comenzaron los problemas.

Desde el 20 de marzo, 48 evadidos fueron detenidos en distintos puntos del país. Todos por el mismo motivo: debían quedarse en casa y no lo hicieron.

Si bien la cifra puede parecer alta, es nimia si se tiene en cuenta que, tal como publicó Infobae, en la Argentina el número de prófugos es mayor a los 46.000, según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC) que funciona en la órbita de la Dirección del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación.

La provincia con mayor cantidad de prófugos es Buenos Aires, con casi 17.500. Mientras tanto, los prófugos que cayeron tienen sus historias.

El doble homicida

Alberto Julio Perdomo era buscado por un doble homicidio. El 15 de junio de 2015 roció con combustible y prendió fuego la habitación del fondo de la vivienda ubicada en Fray Mocho al 300, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Las llamas quemaron vivos a su tío, Juan Carlos Perdomo, de 66 años, y a un amigo de éste, Cristian Taborda, de 35.

La tragedia fue desatada por una discusión. El pirómano fue detenido y condenado a 14 años de prisión.

Después del juicio y de un tiempo tras las rejas, fue excarcelado hasta que la condena quedase firme. No podía ausentarse de la provincia y cada 15 días debía dar el presente en una comisaría.

No lo hizo y se fugó. El 21 de abril los efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, ubicados debajo del puente de General Paz y Juan Bautista Alberdi, uno de los límites entre CABA y provincia de Buenos Aires, le pidieron los papeles para circular. El hombre, de 57 años, no los tenía.

Cuando el policía cargó su DNI en el sistema, se disparó la alerta y lo esposaron.

El sicario de “Los Monos”

Otniel D.L.A, alias “El Dominicano”, era buscado por la policía santafesina desde la 22 de julio de 2019. Ese día, junto a Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero -uno de los 24 hijos de Ariel “Viejo” Cantero, uno de los líderes de la banda Los Monos- asesinaron al policía Cristian Ezequiel Ibarra. Cumplía funciones en la Oficina de Gestión Judicial II, en los Tribunales.

El uniformado estaba a bordo de su Peugeot 308 en Larralde y Deán Funes, en el Barrio Godoy, zona oeste de Rosario. Recibió seis impactos en la nuca, y uno en la sien. Los siete disparos fueron realizados adentro del mismo vehículo que conducía.

Según la hipótesis del fiscal Miguel Moreno, el agente era “gerenciador de un grupo de vendedores de cocaína en el Fonavi de Monte Flores al 7200” y “Chanchón” Cantero la cabeza de otro “grupo dedicado al narcomenudeo” que, como buena parte de su familia, “resolvía violentamente los problemas territoriales”.

En su escrito acusatorio, Moreno expuso que el uniformado le pagaba a Cantero para que sus punteros pudieran vender en el lugar regenteado por éste.

“Un conflicto de intereses con Chanchón y El Dominicano” habría costado la vida del policía de 29 años.

El 13 de marzo pasado, Ariel Maximiliano Cantero fue condenado en un juicio abreviado a 14 años de prisión efectiva. El otro presunto autor de la masacre, “El Dominicano”, logró mantenerse bajo la línea de flotación.

El 25 de marzo pasado, en un retén policial en el ingreso a Empalme Villa Constitución dirección Rosario, lo detuvieron.

“¿Permiso de circulación?”, le preguntaron. Otniel, al volante de un Chevrolet Astra, intentó explicar que un error del GPS lo había llevado a ese paraje de la ruta nacional 177. Los policías ya no lo escuchaban: el documento había revelado su identidad y su pasado.

Dos días después, el 27 de marzo, en la sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario, fue imputado por los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y hurto calamitoso en calidad de coautor, y violación del aislamiento social decretado por la pandemia del coronavirus”.

El juez de Primera Instancia Ismael Manfrín ya dictó su prisión preventiva.

Abusadores, ladrones y narcos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires también detuvo a cinco prófugos, gracias a los controles de cuarentena.

Uno de ellos fue un hombre con pedido de captura del Juzgado de Instrucción nº 16 por el delito de robo. Cayó el 15 de abril. El caso fue confuso. Los uniformados detuvieron al joven de 25 años al escuchar gritos de varias personas que esperaban el colectivo en la esquina de Hornos y Brasil, en el barrio porteño de Constitución. Al acercarse al lugar, los pasajeros aseguraron que el hombre que huía había intentado robarles. Al ser detenido -con barbijo puesto- adujo que todo era un malentendido.

Sus antecedentes lo desmintieron. Terminó preso en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad. Ese mismo día, y también en Constitución, al intentar escapar de un control por la cuarentena, en Salta y avenida Garay, la Policía detuvo a otro hombre con pedido de captura en una causa por violación.

Todo comenzó porque no pudo mostrar su autorización para transitar. Como tampoco tenía DNI, los agentes pidieron su nombre y apellido. Pero estos no coincidían con los registros. El Juzgado Federal N° 10 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi dispuso su detención.

Horas después, el departamento de Reincidencias informó que el hombre, de 46 años, tenía un pedido de captura a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 1 de Azul y del titular de la UFI N° 2 de esa ciudad, en una causa por “abuso sexual calificado con acceso carnal y por ser la víctima menor de 18 años”. Fue trasladado al penal de Sierra Chica.

Esta semana, la Policía de la Ciudad detuvo durante un control a un hombre que caminaba por la colectora en dirección al Río de La Plata. Al no poder justificar su presencia en la zona, ni poseer permiso para circular, fue demorado mientras los agentes corroboraban sus datos. Tenía un pedido de captura vigente por "lesiones graves” tramitada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº14.

El caso más resonante en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió el sábado 18 de abril. Ese día, en un control en las inmediaciones del Barrio 31, en Retiro, la policía detuvo a un narco de nacionalidad paraguaya y a sus dos cómplices con 1200 dosis de pasta base.

Como en los casos anteriores, el narco, que estaba realizando un delivery de drogas tampoco pudo mostrar un salvoconducto. Los nervios y una serie de movimientos extraños dentro del vehículo lo traicionaron.

La requisa descubrió los envoltorios de pasta base, marihuana y cocaína. También se descubrió que tenía vigente un pedido de captura del Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo por tráfico de estupefacientes en la Villa 31.

Asesinos en moto

El 20 de noviembre de 2019, Maximiliano David Gómez, habría asesinado de varias puñaladas a Milton Imperiale, un adolescente de 16 años, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, o al menos esa es la convicción del fiscal Alejandro Ferlazzo.

Para intentar ocultar el homicidio, Gómez hirió a un segundo hombre que intentó asistir a la víctima y amenazó a una mujer para impedir que llamara a la Policía. Después escapó y nunca más se supo de él.

El 26 de marzo, la policía rosarina lo detuvo en la zona oeste de la ciudad, en un retén. Su conflicto con la Justicia apareció después de no poder justificar sus razones por estar transitando uno de los lugares más calientes y conflictivos en cuanto al tráfico de drogas y a la disputa del territorio para el narcomenudeo.

El juez Alejandro Negroni no dudó en dictarle prisión preventiva para evitar que escape una vez más.

El 28 de febrero, cuando la policía de Santa Fe llegó a la intersección de Estrada y Fray Cayetano Rodríguez, en barrio San Pantaleón, se encontró con una escena descarnada. Eran las tres de la tarde y la pareja de Ignacio Núñez lloraba abrazada al cuerpo del hombre. Entre lágrimas, la joven relató que dos jóvenes en moto lo ejecutaron sin mediar palabra con un arma de fabricación casera, tipo tumbera. La bala había atravesado la arteria carótida.

Ignacio no estaba solo. caminaba junto a su hermano, quien recibió varias heridas pero salvó su vida y aportó datos clave para identificar a los atacantes. Según los medios que cubrieron la noticia, como Aire Digital, “el hecho se convirtió en el homicidio número 19 en lo que va de 2020 en el departamento La Capital”.

Con ese testimonio, y el de los vecinos que habían llamado al 911, el fiscal Andrés Marchi comenzó la investigación del homicidio. Uno de los sospechosos era un joven de 24 años de cuyo nombre solo trascendieron las iniciales, W.O.B.

El 1 de abril, uno de los presuntos asesinos terminó preso. El propio fiscal se lo contó así a los medios locales: “El imputado fue chequeado por personal policial en inmediaciones de Estrada al 5000, oportunidad en la cual los familiares de las víctimas –que estaban circunstancialmente en el lugar– lo reconocieron como uno de los autores del homicidio de Núñez. El personal policial interviniente aprehendió a WOB por incumplimiento del aislamiento social que exige el DNU 297/20 y, posteriormente, informó a la Fiscalía lo señalado por los familiares del fallecido, por lo cual se dispuso la detención del imputado”.

El juez Jorge Patrizi, no dudó en ordenar su prisión domiciliaria bajo la acusación de “coautor de los delitos de homicidio y de tentativa de homicidio, ambos calificados por el empleo de arma de fuego”.

Ahora espera su juicio oral en prisión, mientras los investigadores, van tras la pista de su cómplice.

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