Allanaron y clausuraron un instituto de salud mental Caballito por abandono de persona

La sede de una institución de salud mental del barrio de Caballito fue allanada esta tarde y clausurada a partir de una denuncia por abandono de persona a una mujer de 90 años, que finalmente falleció el 22 de abril, informaron fuentes del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

En dicha orden de allanamiento se pidió el secuestro de las historias clínicas, la identificación de la totalidad de los pacientes y posible traslado articulado con el Ministerio de Salud de Nación de personas que se encuentran en mal estado. Hasta el momento fueron movilizados 66 pacientes, destacaron fuentes del Gobierno de la Ciudad.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía 15, a cargo de Andrea Scanga, y autorizado por el Juzgado 29 de esta ciudad.

La investigación se inició el pasado 15 de abril, cuando se recibió en el Ministerio Público Fiscal porteño la denuncia de una médica de la guardia del Policlínico del Docente, que refería el ingreso de una paciente de 90 años “en un estado de absoluto abandono, sin higiene, desnutrida, deshidratada, con escaras y miasis en los pies”.

La mujer que ingresó al hospital provenía del Instituto Buenos Aires de Salud Mental -SOMA SRL- ubicado en Guayaquil al 100 del barrio de Caballito, donde la señora había estado internada previamente y al cuidado del personal de esa institución.

Las fuentes judiciales indicaron que al dar inicio a la investigación, se pudo comprobar que dicha institución se encontraba clausurada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el mes de octubre de 2019, pese a lo cual continuó recibiendo pacientes. Ante tales irregularidades, la fiscal Scanga solicitó al Juzgado la orden para allanar el lugar, para evitar la pérdida de los elementos de prueba que pudieran hallarse y que pudieran servir a la investigación en curso".

Las figuras que se investigan en la causa son las de violación de clausura y abandono de persona.

De esta manera, este jueves la fiscal encabezó el procedimiento en el Instituto Buenos Aires, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), y “se incautó una gran cantidad de elementos potencialmente probatorios”, explicaron, y agregaron que “se ordenó una nueva clausura del establecimiento”. El Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, fue enfático al respecto, y explicó que “si el lugar en cuestión no cumple con las condiciones necesarias establecidas, no podemos permitir que los pacientes permanezcan allí”.

“Desde las fiscalías vamos a priorizar la seguridad y la salud de los pacientes”, completó.

Este caso se suma a las últimas clausura de otros centros de salud en plena pandemia que se dieron la ciudad. Ante esto, el titular de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA Buenos Aires), Héctor Daer, denunció que hay algunos geriátricos que le exigen al personal que viva en esos establecimientos durante quince días con “la aparente excusa de evitar la propagación del coronavirus” y aseguró que esa demanda representa “una grave vulneración de los derechos laborales”.

“En los últimos días se recibieron consultas de afiliados que trabajan en geriátricos que denuncian que sus autoridades les demandan que se queden durante 15 días a vivir en sus lugares de trabajo, con el aparente fin de evitar la propagación del virus”, afirmó.

El sindicalista consideró que esa exigencia “significa una práctica absolutamente ilegal" y adelantó que su gremio “no permitirá la precarización de las condiciones laborales porque atenta contra su salud física, mental y emocional". “Ese no puede ser el camino para enfrentar a la pandemia”, dijo.

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