Este martes a última hora se conocieron los resultados de ADN que determinaron el hallazgo de material genético de uno de los ocho rugbiers detenidos debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes a salida de un boliche de Villa Gesell el pasado mes de enero. Asimismo, por la mañana, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores había confirmado la prisión preventiva de los jóvenes.
Fuentes judiciales le confirmaron a Télam que el informe pericial determinó que el material genético hallado debajo de las uñas de la víctima corresponden a Blas Cinalli, quien continúa detenido junto a sus amigos y cómplices en la Unidad 29 de Melchor Romero, imputado como “partícipe necesario” del asesinato.
Entre los estudios llevados a cabo en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, se realizó el peritaje de rastros en la ropa secuestrada a los imputados horas después del homicidio del joven de 18 años. Allí también se determinó que en el 70% de esas prendas de vestir había rastros de sangre de Báez Sosa.
Mientras avanza la investigación, restan llevarse a cabo otros peritajes, entre los que se encuentran estudios psicológicos y psiquiátricos a los que deberán ser sometidos los rugbiers en la Asesoría Pericial de La Plata.
Por otra parte, este martes la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores confirmó la prisión preventiva de los ocho rugbiers y rechazó la recusación de la fiscal Verónica Zamboni. De esta forma Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) seguirán presos en la Unidad 29 de Melchor Romero hasta que llegue su juicio, acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y por las lesiones que sufrieron los amigos de la víctima fatal.
El defensor de los imputados, Hugo Tomei, planteó diversas nulidades apuntadas a tramos de la causa, como el relato de un testigo que aseguró no poder reconocer en un primer momento a los acusados para luego ser convocado por la fiscalía y señalar a Ayrton Viollaz, habló de irregularidades en el procedimiento, y apuntó contra “la desmesurada saturación informativa que implicó la constate difusión de las imágenes de los imputados”. Ese planteo fue rechazado, rebatido como “una opinión del defensor”.
Sin embargo, Tomei incluso solicitó la nulidad total de las actas testimoniales por supuestas falsedades ideológicas, imposibilidades de lecturas apropiadas de derechos y obligaciones.
Tras asegurar que “fue, simplemente, una cacería humana con un solo objetivo: la víctima”, la Cámara cerró la cuestión y descartó la pretensión de los rugbiers de obtener prisión domiciliaria. “Sería muy injusto que les den ese privilegio”, había expresado días atrás Graciela, la madre de Fernando. “Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse”, agregó. Seguirán presos hasta que llegue su juicio, mientras siguen apareciendo pruebas que los complican aún más.
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