Luego de la audiencia realizada ayer en la sala del Juzgado de Garantías Nº 6, en Villa Gesell, el juez David Mancinelli que interviene en el expediente por el crimen de Fernando Báez Sosa tomó una decisión clave: avaló el pedido de prisión preventiva para ocho de los acusados con su firma luego del pedido formulado este último lunes por la fiscal Verónica Zamboni con un escrito de 250 páginas que detallaba la gran cantidad de pruebas del caso.
Así, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los principales acusados del crimen, imputados de la autoría material de asesinar a Fernando a patadas en el cráneo, y sus ocho compañeros considerados partícipes necesarios –Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli y Luciano Pertossi– seguirán dentro de una celda del Servicio Penitenciario Bonaerense a la espera del juicio oral en su contra. El pedido de su defensa a cargo del abogado Hugo Tomei de un arresto domiciliario quedó denegado.
El juez Mancinelli, por otra parte, sumó el agravante de la alevosía a la calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Esto, ciertamente, complica el panorama. Ciro Pertossi y Máximo Thomsen se mantienen como los presuntos autores materiales.
La alevosía, define Mancinelli en su fallo, “consiste en el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio sin riesgo para el autor".
“Tengo por cierto –al menos con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso requiere– que los aquí imputados, aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda a los atacantes conversando con su grupo de amigos, propinaron el primer golpe por detrás, logrando desestabilizarlo, oportunidad en que cayó al suelo en un total estado de indefensión, y actuando sobre seguro comenzaron a intervenir los restantes sujetos activos tanto asestando golpes de puño y patadas como así también impidiendo el auxilio por parte de terceros, todo ello con la finalidad de consumar el plan previamente acordado de dar muerte a la persona de Fernando José Báez Sosa”, continuó Mancinelli.
Es decir, para el juez de garantías del caso, los rugbiers tenían un plan premeditado: quisieron matar. “Extrema violencia desplegada y desprecio por la vida humana”, apuntó el juez.
Mancinelli también descartó el planteo de los abogados de la familia Báez Sosa de un agravante de “homicidio por placer”, al no encontrar sus elementos suficientes.
En el penal de Dolores, los ocho de Zárate reciben visitas de sus familiares fuera del horario común y se encuentran aislados del resto de la población de presos en la celda de alcaidía junto a dos pabellones evangélicos. Los presos en el lugar se quejan de supuestos privilegios, como un inodoro. Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguraban al comienzo de su encierro que su situación en Dolores sería temporaria dada la necesidad de mantenerlos cerca de la fiscalía y el juzgado que entienden en su caso, que tras la eventual firma de su prisión preventiva podrían ser trasladados a otro penal como la Unidad Nº 57 de Campana, una cárcel inaugurada en 2019 para jóvenes de 18 a 21 años que atraviesan su primera prisión preventiva o condena. Casualmente, varios de sus detenidos practican rugby entre sus paredones.
Sin embargo, para un eventual traslado “falta bastante”, apunta una fuente. El juez no se pronunció sobre un posible regreso a la cárcel de Alejo Milanesi y Juan Guarino, liberados por pedido de la fiscal a comienzos de la semana. Seguirán en libertad.
Por otra parte, Mancinelli se negó a aceptar las diversas nulidades planteadas por la defensa de los acusados a cargo del abogado Hugo Tomei, que atacó las ruedas de reconocimiento y habló de detenciones ilegales, defectos y fallas en el debido proceso, además de que no se pudo ejercer la defensa ya que los rugbiers desconocían el contenido de la acusación en su contra. Sobre este último punto, Mancinelli escribió: “Por lo absurdo del planteo, tampoco ha de prosperar, pudiendo el órgano instructor cursar las notificaciones en las formas que estime convenientes”.
Queda, por otra parte, la denuncia presentada por Tomei contra la fiscal Zamboni, que todavía no fue recibida por el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.
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