El empleado del supermercado Coto que en agosto pasado mató a Vicente Luis Ferrer, un jubilado de 68 años que se quiso robar dos chocolates, un queso y una botella de aceite fue enviado a juicio oral y público para ser juzgado por el delito de homicidio preterintencional.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez de instrucción Darío Bonanno dio por terminada la investigación y envió a juicio oral a Ramón Cerafín Chávez, empleado de la sucursal San Telmo de Coto sobre la calle Brasil, acusado por el hecho.
El caso llegó al Tribunal Oral Criminal N° 30, integrado por los jueces Guillermo Friele, Marcela Rodríguez y Luis María Rizzi, quienes deberán fijar la fecha de juicio. El delito tiene una pena de uno a tres años de prisión.
El hecho ocurrió la tarde del 16 de agosto pasado cuando Vicente Ferrer salió del supermercado sin pagar los productos. El empleado y un vigilador privado de Coto lo siguieron, lo detuvieron e intentaron que devuelva las cosas.
La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona. Allí se ve que Chávez redujo a Ferrer y lo arrojó al piso. El hombre se levantó, forcejearon. Chávez le presionó la espalda con sus rodillas. Ferrer se desvaneció, se le hicieron maniobras de RCP y fue trasladado al hospital Argerich donde murió.
La autopsia concluyó que la muerte fue por un traumatismo de cráneo con hemorragia que le provocó una “falla multiorgánica”. Además, la víctima tenía tres lesiones cortantes, una producto de un “choque con o contra superficie dura y rugosa”.
El juez Bonnano sostuvo que “la causa del fallecimiento de Ferrer fue consecuencia de las maniobras de retención desarrolladas individualmente por Ramón Cerafín Chávez" y lo procesó por el delito de homicidio preterintencional.
El juez explicó que Chávez no tuvo la intención de matar pero “en el afán de asegurar la detención de Ferrer (por los elementos que previamente había sustraído), ejerció sobre él un despliegue de violencia que causó de manera mediata su fallecimiento". “Su accionar fue desproporcionado, considerando que la víctima era una persona de 68 años de edad y se encontraba en inferioridad física de acuerdo a su contextura”, agregó.
En la causa también estuvo imputado el vigilador privado Gabriel Alejandro de la Rosa que fue sobreseído porque solo detuvo a Ferrer y cuando la víctima fue golpeada no estaba ya que había ido a buscar a la policía.
Tanto el empleado como el vigilador estuvieron detenidos 10 días y fueron liberados cuando el juez Bonanno resolvió sus situaciones en la causa.
La Cámara Criminal y Correccional confirmó a principios de octubre el procesamiento. Los jueces Pablo Lucero y Mariano González Palazzo descartaron que Chávez se defendió legítimamente de una agresión de Ferrer. “Chávez tuvo la posibilidad de usar otros medios menos drásticos para controlar la situación hasta la llegada del personal policial. El medio empleado por Chávez (violento forcejeo) para controlar la situación hasta la llegada del personal preventor, fue desproporcional”, concluyeron los camaristas.
Con la confirmación del procesamiento, el juez del caso entendió que ya no quedaba nada más por investigar y elevó el caso a juicio oral.
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