La dura respuesta de Patricia Bullrich a las estadísticas sobre gatillo fácil de un organismo de derechos humanos

En su informe anual de su Archivo para 2018, CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional calificó a la gestión Cambiemos como el gobierno más represor desde 1983, con 1.303 personas muertas por el aparato represivo estatal en calabozos, penales o la vía pública entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.

“A tres años cumplidos de gestión de Cambiemos, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios. A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo”, asegura el informe.

La matemática, de acuerdo a las estimaciones de CORREPI, es de una víctima fatal cada 21 horas. “Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia”, compara desde su informe la coordinadora.

En las filas de la CORREPI hacía tiempo que escuchaban el rumor de que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich los desmentiría “caso por caso”, una refutación feroz para una afirmación incómoda para el Gobierno. Hoy al mediodía, en una mesa con unos pocos periodistas en la que participó Infobae, Bullrich calificó al informe como “desproporcionado, mal hecho, ideologizado, pone a la Argentina en un lugar distinto del que la Argentina está", luego de usar términos como “mentira burda” y de hablar de “un mayor cuidado de la Policía” que redujo al menos en sus propios cálculos los efectivos muertos y los civiles muertos.

En su informe propio, elaborado por la subsecretaria de Estadística del Ministerio, Mariela Budiño, Bullrich limita su análisis a su jurisdicción, las víctimas producidas por las cuatro fuerzas policiales: el estudio de CORREPI marca a las fuerzas de seguridad provinciales como responsables del 49% de los casos, seguidas en un 35% por los sistemas penitenciarios como el Bonaerense, que tuvo 140 fallecimientos por diversas causas en 2018 de acuerdo al informe de la Comisión Provincial por la Memoria. El traspaso de las 54 comisarías de la PFA a la Ciudad en 2016 con más de 15 mil hombres alivió los números para la cartera de Gelly y Obes. La Coordinadora habla de 43 víctimas fatales en 26 meses a manos de la Policía de la Ciudad.

“Los números de CORREPI mismos aseguran que los casos de fuerzas de seguridad federal disminuyeron", continúa la ministra, “de 43 en 2014 a 24 en 2018”.

El informe elaborado por el Ministerio para responder a las afirmaciones de CORREPI asegura que “el 75,5% de los casos no son violencia institucional, 22,5% están sometidos a investigación y 2% de los casos tienen condena", en rubros como femicidios cometidos como efectivos de fuerzas, o por efectivos ya retirados.

Aquí hay una diferencia taxativa. CORREPI construye sus números desde un lugar que Bullrich critica a lo largo de la charla: la existencia de los hechos, y no su eventual resolución judicial. Es aquí donde Bullrich y CORREPI encuentran otro eje de conflicto, con la figura de la “legítima defensa”.

En noviembre de 2018, Bullrich recibió en su despacho al gendarme Arsenio Narvay y a la agente de la entonces PFA Carla Céspedes, absueltos por matar a ladrones. El gendarme sufrió un intento de robo mientras esperaba a un colectivo en Rincón de Milberg en 2017: le disparó a sus dos asaltantes, uno resultó herido, el otro perdió la vida. Céspedes mató a un motochorro que había asaltado un supermercado chino en Parque Centenario junto a un cómplice en diciembre de 2016, un caso investigado por la jueza Fabiana Palmaghini. El asaltante recibió un disparo en la zona lumbar mientras se aprestaba a huir en su moto. Luego se supo que el ladrón no tenía un arma encima.

A esa reunión asistieron varios miembros del equipo jurídico del Ministerio. El informe elaborado por Bullrich apunta a 28 casos donde se aplicó la figura de “legítima defensa”, una lista de sobreseimientos, absoluciones, desestimaciones y archivos de causas en la Justicia de primera instancia. La pregunta en el despacho de la ministra se vuelve obvia: si el Ministerio presiona con reuniones o señales para ejercer influencia. Bullrich dice que “la Justicia de primera instancia no está politizada”. También, asegura que “ocho de cada diez efectivos” acusados de un hecho de violencia tienen un abogado o apoyo jurídico del Ministerio. El policía Luis Chocobar, que será juzgado el año próximo por matar a un menor que había herido de gravedad a un turista estadounidense, es miembro de una fuerza local provincial. Sin embargo, asegura la ministra, “tiene abogado nuestro”.

María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, asegura: “Ningún gobierno logró colonizar tanto al Poder Judicial”.

Tras la reunión de este mediodía en el despacho de la jefa de la cartera de Seguridad, la Coordinadora emitió su propio comunicado, donde habla de timing electoral: “El ‘contrainforme’, bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de nuestra información. En ningún caso pudieron decir ‘es un invento’ o ‘esto no pasó’. El argumento (es una generosidad calificarlo así) es que 74 de los 98 hechos que seleccionaron ‘no corresponden’ a casos que impliquen la aplicación de políticas represivas estatales y la utilización de los recursos del aparato estatal ‘según el análisis que se ha realizado desde el Ministerio de Seguridad’. Análisis que, según tienen a bien explicitar, utiliza como única fuente las Fuerzas de Seguridad Federales, la Justicia y el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del propio ministerio. Es decir, una vez más, ‘la versión de las fuerzas es versión de verdad’.”

CORREPI, por su parte, asegura que tendrá un nuevo informe para fines de este año.

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