La familia de Débora Pérez Volpin pidió que se investigue si la clínica encubrió la muerte de la periodista

Marta Lea Volpin, Luna Funes y Agustín Funes, madre e hijos de Débora Pérez Volpin, pidieron ante la Justicia ser querellantes en la causa para establecer -tal como sostienen- si el Sanatorio La Trinidad de Palermo quiso encubrir las circunstancias en las que la periodista murió tras el estudio de rutina que se le practicó el 6 de febrero de 2018.

Hasta el momento, lo único que se logró es que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 condenara al endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo, aunque la pena no fue de cumplimiento efectivo. Por su parte, a la anestesista Nélida Puente, la otra acusada, la absolvieron. Con este panorama, el abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, apeló la decisión judicial pero no se quedó allí.

Por mandato de la familia, el letrado presentó un escrito en el que pide ser querellante y apunta directamente contra la clínica y sus máximas autoridades, los doctores Eduardo Cavallo y Roberto Martingano, así como al médico Sebastián Alfredo Cecchi Gallo, a quienes acusa de encubrimiento y de entorpecer la investigación.

"En el marco de aquella investigación se determinó que las autoridades del mencionado Sanatorio llevaron a cabo actos tendientes a dificultar la tarea judicial, a la vez que intentaron esconder y tergiversar varias de las circunstancias que rodearon la muerte de nuestra hija y madre", dice parte de la presentación de la familia ante la Justicia a la que accedió Infobae.

En el caso de Cecchi Gallo, destacan que fue él "quien lavó de manera inmediata todas las huellas que el cuerpo de la paciente había dejado en la caña del endoscopio utilizado". Asimismo, sostienen que la única testigo presencial del momento de la muerte de la conductora de televisión, la instrumentadora Miriam Eliana Frías, "incurrió en falsedades y omisiones en su testimonio que estuvieron directamente destinadas a ocultar la verdad y dificultar el esclarecimiento de los hechos". Por eso la acusan del delito de falso testimonio.

"Un caso aparte, y muy elocuente, es el de la instrumentadora Frías. Ella fue la única TESTIGO PRESENCIAL de la endoscopía, y del acaecimiento de la crisis en la paciente, aparte de los dos médicos imputados –Bialolenkier y Puente. Pero ella, que estaba allí, que según nos dijo en instrucción nunca vivió una situación similar, ella no se acordaba de NADA", señala la presentación.

En ese mismo sentido, señalaron que la jefa de instrumentadoras, Claudia Esther Balceda -con más de dos décadas en la Trinidad Palermo- también incurrió en falso testimonio. "Es Jefa de instrumentadoras, no recordó NADA de todo eso que observa hace tanto tiempo (aparatos, services, etc)" ejemplificaron. Por eso, a ambas -dicen- corresponde "merituar su participación en el delito de encubrimiento". A los directores del hospital también los acusan del mismo delito.

En otro orden, recordaron que fue Balceda "quien atendió al personal policial que llevó a cabo el allanamiento del 9 de febrero de 2018 en el Sanatorio" e "(hizo de guía, mostró el quirófano, los equipos y se ocupó de llamar al personal médico que explicó el funcionamiento de los mismos)". "También tuvo poca memoria. Valga decir, ella también reconoció haberse reunido con el Dr. Cavallo antes de su declaración en la causa", añadieron.

Apuntaron contra María Cristina Lavolpe, perito de parte de la empresa GALENO S.A., a quien acusan del delito de violación de secreto profesional, al igual que a los directores Cavallo y Mantingano, porque "todos los datos brindados por los mencionados durante el juicio, fueron conocidos por ellos en virtud de su profesión y empleo".

"Lavolpe contó en el juicio detalles de una persona a la que JAMÁS CONOCIÓ, y en el marco de una intervención como perito que fue muy acotada, pues ella no estuvo en la autopsia y solo pudo participar de una Junta Médica donde se discutieron las conclusiones de aquél estudio pericial (que ella no presenció). Es decir, además de divulgar cuestiones de la salud de Débora Pérez Volpin, utilizó aquellos detalles para dar conclusiones sobre su estado de salud", precisaron en el escrito.

"Los delitos cometidos por las autoridades del Sanatorio, por la perito Lavolpe, por el Dr. Cecchi Gallo, y por las señoras Frías y Balceda han generado un perjuicio directo para quienes perseguimos la verdad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de nuestra familiar. A la vez que han cercenado la privacidad de nuestra hija y madre, en tanto se han develado datos de su salud que no ameritaban ser expuestos a los efectos de conocer aquella verdad", sentenciaron.

La familia asegura que los acusados "intentaron alterar y ocultar prueba del delito cometido por los médicos (el homicidio culposo), y, además, intentaron ocultar otras maniobras ilícitas cometidas con anterioridad, relacionadas con la adquisición de los equipos médicos y su autorización para ser operados en el país".

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