El nuevo "La Gorra Leaks": otra filtración de archivos secretos apunta al personal de la vieja Policía Metropolitana

El correo llegó a mi casilla a mediados de la mañana de hoy desde una dirección encriptada desde el sitio Guerrilla Mail, dedicado a proveer direcciones descartables. "Hola Federico", escribió el pirata informático, sin dar un nombre, un alias, nada.

"Esta es una filtración NUEVA de la Policía de la Ciudad. Contiene CVs, DNIs, información fiscal, fotos, contratos, compras, licitaciones, expedientes e información privada de recursos humanos, sanciones, auditorias internas policiales, auditorias externas policiales y casos muy particulares", continuó.

Debajo había dos links, alojados en Firefox Send, el servicio de envío de archivos de Firefox. Esos links fueron descargados por Infobae. Fuentes en la Policía de la Ciudad aseguran que no sufrieron ningún ataque a sus bases de datos, niegan un hackeo. Aseguran que quizás los archivos sean viejos, que podrían haber sido recolectados de nubes externas en donde administrativos de la fuerza solían alojar documentos y no de un servidor central. Hay archivos en el nuevo lote que datan de 2011, la gran mayoría corresponde a fechas de 2016, con membretes que demuestran el paso del tiempo, con el logo de la vieja Policía Metropolitana, la firma del ex ministro Guillermo Montenegro.

En todo caso, el golpe es doble: la nueva filtración ocurre a menos de tres semanas de La Gorra Leaks, el ataque a la Policía Federal en donde un pirata desconocido tomó más de 700 gigas de información confidencial para obsequiarla en la Deep Web.

Los datos eran sumamente sensibles: había más de tres mil escuchas telefónicas, cerca de 70 fichas personales de efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, así como documentación clasificada de la división Personal Superior. Además de los nombres y teléfonos de los policías antinarco con rango desde agente y cabo hasta comisario estaban los nombres de sus hijos y parejas, sus direcciones personales. Había fotos y patentes de autos de civil. A cualquier narcotraficante con ganas de planear una venganza le interesarían estos archivos.

Antes de filtrar los documentos, para colmo, el hacker -el mismo u otros, no se sabe bien, el caso está en manos del Juzgado Federal Nº8 de Luis Rodríguez y la fiscalía de Jorge Di Lello tras una denuncia de la PFA- entró por la fuerza a la cuenta de Twitter de la Prefectura Naval para anunciar  unas invasiones inglesas que nunca pasaron.

La nueva filtración es también es extensa, 2,23 gigabytes de archivos, en su mayoría planillas de Excel, documentos escaneados página por página en formato PDF: pertenecen a áreas como Recursos Humanos y la Subsecretaría de Administración de Seguridad, con documentación estándar y nada escandalosa como un procedimiento para retirar y rendir adelantos para viajes oficiales dirigido al actual jefe de la fuerza, Marcelo D'Alessandro y al comisario Carlos Kevorkian, su predecesor, algunas cosas perfectamente públicas como decretos de nombramientos de subsecretarios entre otros puestos.

Después hay gran cantidad de material de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay autorizaciones para retiros bancarios, facturas. Una psicóloga que tuvo varias apariciones mediáticas como encargada de atender a Nahir Galarza figura en la lista. Una carpeta muestra tres supuestas facturas presentadas por la especialista al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre septiembre y noviembre de 2016, por 10.500 pesos cada una. Otras del mismo período de personas registradas en los rubros de seguridad de la AFIP hablan de honorarios mensuales de hasta 31.500 pesos.

Hay planillas de Excel enteras. El archivo "Contratos 2016" habla de presuntos pagos a 180 personas distintas, ningún nombre a simple vista escandaloso, pagos de casi 8 mil a 27 mil pesos. Otro archivo, "Contratos 2015", tiene cosas más complicadas: números de celulares, claves de AFIP, los nombres coinciden con el archivo anterior, muchos están vinculados al programa de Senderos Seguros, agentes civiles, contabilidad netamente cotidiana.

También hay papeles de funcionarios. De acuerdo a un artículo de Perfil de diciembre de 2016, Juan Carlos Cahian, director del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia, fue denunciado por Margarita Stolbizer por recibir aportes en forma conjunta del Ministerio de Justicia y del Gobierno porteño. Un documento con el membrete de Movistar habla de la cesión de la titularidad de un teléfono en favor de Cahian. También se encontró una supuesta factura de Cablevisión a nombre del funcionario.

Después, en formato PDF, carpetas con escaneos de credenciales del Ministerio de Seguridad porteño con fotos de sus portadores, algo interesante para cualquier falsificador con un poco de oficio.

Otra tarjeta es más curiosa: una credencial del RENAR con el nombre de Néstor Alejandro Nicolás, actual subsecretario de Emergencias del Gobierno porteño.

Y después están los policías complicados.

Ricardo Ayala va a juicio este mes acusado de dispararle a Lucas Cabello y dejarlo cuadripléjico en noviembre de 2015. La notificación de la Gerencia de Investigaciones Administrativas de la auditoría de la fuerza en su contra fue enviada al penal de Marcos Paz en 2016, según el documento encontrado entre las carpetas de las filtraciones.

Además, hay otras 20 carpetas que tienen más que notificaciones de las auditorias internas: son documentos judiciales completos sobre policías acusados en Tribunales de diversos delitos. Entre ellos se puede ver el nombre de Martín Jorge Roth, a cargo del Departamento Control y Coordinación de la vieja Policía Metropolitana, acusado en la Justicia por la represión de abril de 2013 en el hospital Borda.

Le escribí al hacker tras su correo. Le hice tres preguntas sencillas: quién era, cuál era su motivación y si estaba relacionado con los ataques a la Federal y a Prefectura. Al cierre de esta nota no envió su respuesta.

Por otra parte, esta no es la primera vez que los archivos de la Policía porteña son filtrados. En 2018, la página home de la web de la fuerza fue alterada para pedir por la libertad de Emanuel Vélez Cheratto, un activista preso en Santa Fe acusado de hackear el Twitter de Patricia Bullrich. El hacker que se adjudicó ese ataque es el mismo que se atribuyó el golpe a la Federal del mes pasado.

Su alias es "[S]".

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