Casación ordenó que familiares de las víctimas del ARA San Juan tengan copias del expediente

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que Luis Alberto Tagliapietra, padre de una de las víctimas del naufragio del ARA San Juan y parte querellante en la causa, tenga acceso a pruebas claves del expediente que investiga por qué se hundió el submarino el 15 de noviembre de 2017 y provocó la muerte de 44 marinos.

Los jueces de la Sala IV de ese tribunal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, escucharon ayer en la audiencia al querellante Luis Tagliapietra planteando que quería extraer fotocopias del expediente y los legajos reservados y señalando que la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez se lo había negado para evitar filtraciones -con el respaldo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro  Rivadavia-. El fiscal general Mario Villar también estuvo en la audiencia y argumentó que el tema no se dirigía sobre una sentencia definitiva.

Oídas las posiciones, los jueces resolvieron hoy por unanimidad hacer lugar al pedido. "La postura afecta los derechos de la parte querellante en cuanto a su intervención en el proceso", afectando "el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva" de aquella parte y restringiendo su participación en el proceso penal, afirmó Casación.

El mes pasado, la Comisión Bicameral del Congreso encargada de investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan presentó su informe final, en el que afirma que las autoridades de la Armada "subestimaron la gravedad del incidente" y exhibe opiniones divididas sobre el accionar del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

La jueza Yáñez lleva adelante la investigación sobre qué fue lo que ocurrió. El informe de la Bicameral advirtió que el origen del hundimiento fue "una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación" que "originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3″. Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la "implosión" posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento.

Tagliapietra, padre de una de las víctimas, ya había intentado apartar a la jueza por "parcialidad manifiesta" en favor de las autoridades nacionales y la cúpula de la Armada a quienes el letrado considera responsables de la tragedia. Pero ese pedido de recusación fue rechazado.

La jueza había dispuesto que los querellantes pudieran ver la causa en mesa de entrada. Estaba justificada en "la necesidad de preservar la búsqueda de la verdad material, evitar conductas que se proyecten negativamente sobre la acción de la justicia, o configuren un riesgo de que ello ocurra, y prevenir que se ventilen datos contenidos en documentos confidenciales".

La orden se dio el 2 de mayo de 2018. Desde entonces la causa acumuló 20 cuerpos y aproximadamente 30 cajas de documentación. Pero a eso se suma la complejidad de que el caso se tramita en Caleta Olivia, un lugar muy distante de donde residen la mayoría de los querellantes.

"La situación reseñada afecta el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de la víctima, pues restringe su capacidad de conocimiento, análisis, proposición de medidas investigativas y opinión sobre las pruebas producidas. En definitiva, la medida restringe -sin la debida fundamentación- la participación de la parte querellante en el proceso", sostuvo el juez Borinsky al analizar el planteo.

Por su parte, Hornos afirmó que "la medida de suspensión de extracción de fotocopias decidida con fecha 2 de mayo de 2018 por la jueza, más allá de las razones que justificaron su dictado, luce desproporcionada si se atiende a la extensión temporal y material que reviste y a la complejidad de la investigación".

Carbajo, en tanto, coincidió en que  "la propia magnitud física del legajo y, entre otros inconvenientes precisados en el escrito recursivo, la complejidad de la materia que en ella se pesquisa, a mi ver, hacen que la propuesta de la señora jueza instructora no aparezca suficiente para que la peticionante ejerza de manera adecuada su derecho de conocer las actuaciones".

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