En una audiencia ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, una querella y el fiscal general Mario Villar expusieron sus argumentos para acceder a pruebas reservadas que figuran dentro del expediente de la investigación por la desaparición del submarino ARA San Juan.
Los integrantes de la Sala IV Gustavo Hornos (presidente), Mariano Borinsky y Javier Carbajo escucharon al querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y representante de varios familiares, y al fiscal general Mario Villar.
El planteo de Tagliapietra y Villar ante Casasción es por un recurso que recurrió la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que había suspendido toda autorización para la extracción de copias debido al carácter reservado del expediente a partir de las filtraciones de documentos a la prensa.
Ante los jueces, Tagliapietra aseguró que no fue responsable de las filtraciones de información a la prensa y argumentó que necesita acceder al expediente para ejercer adecuadamente los derechos y garantías constitucionales de sus representados.
Por su parte, el fiscal Villar consideró que si bien el recurso es improcedente, ya que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin embargo debía encomendarse a la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez que acelere el sumario en el cual se investigan las filtraciones de información a la prensa a efectos de levantar la reserva con la mayor brevedad posible.
El mes pasado, la Comisión Bicameral del Congreso encargada de investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan presentó su informe final, en el que afirma que las autoridades de la Armada "subestimaron la gravedad del incidente" y exhibe opiniones divididas sobre el accionar del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Los 12 legisladores que integraron la comisión presentaron el informe en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, aunque evitaron puntualizar allí las responsabilidades en el hecho y, en cambio, invitaron a leer el documento, al que calificaron como "un informe que es serio y transparente".
Si bien el informe aclara que el hecho de no contar con el submarino "impide esbozar una única teoría concreta" sobre lo que ocurrió, toma como principal hipótesis un "principio de incendio" ocasionado por "la entrada de agua de mar al balcón de baterías".
Al respecto, la comisión cuestionó la reacción de la cadena de mando de la Armada tras la toma de conocimiento del principio de incendio y apuntó principalmente contra el por entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, el jefe de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo, y al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide.
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