
El endoscopista Diego Bialolienker, uno de los dos médicos investigados por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, había propuesto realizar tareas comunitarias por dos años para evitar el proceso judicial. El pedido fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8, decisión que confirmó este martes la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
De esta manera, el próximo 10 de junio comenzará el juicio contra Bialolienker y la anestesista Nélida Inés Puente, ambos acusados por la muerte de la periodista, ocurrida el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio La Trinidad.
Según la investigación de la causa, ambos médicos habrían actuado "en forma imperita, negligentemente y sin observar las reglas del arte de curar" durante una endoscopia.
El juicio tendrá fecha de inicio el día 10 de junio y finalizá el 28 del mismo mes. Ambos profesionales, pertenecientes al staff del Sanatorio La Trinidad de Palermo, se encuentran procesados y embargados por el delito de homicidio culposo en grado de coautores.

La pena que enfrentan Bialolienker y Puente va de 1 a 5 años de prisión, más una accesoria de 5 a 10 años de inhabilitación para ejercer la actividad médica.
Según expresaron en diálogo con Infobae fuentes con acceso al expediente, la investigación habría probado que el endoscopista produjo una perforación en el esófago de la periodista y que nunca advirtió dicha perforación al introducir el endoscopio en el cuerpo de la paciente, lo que produjo una crisis cardiorrespiratoria.
Esta situación no habría sido advertida a tiempo por la anestesista, que según consta en la causa, al inicio del procedimiento no había conectado a Pérez Volpin a los equipos que controlan la frecuencia cardíaca y respiratoria, presuntamente una de las razones por las que no habría detectado en un principio la crisis.

Al ser advertido tardíamente el cuadro, la anestesista es acusada además de no haber tomado las decisiones correctas para contener la crisis, precisaron las mismas fuentes. Para basarse en esta presunción, la querella hace hincapié en que la autopsia determinó que la muerte de Pérez Volpin resultó violenta, es decir, según esta interpretación, provocada.
Fue tras la elevación de la causa a juicio que el endoscopista Bialolienker, en un intento por evitarlo, solicitó una probation. Para ello ofreció al Tribunal Oral 150 mil pesos en concepto de reparación patrimonial y la realización de tres horas semanales de tareas comunitarias en un lugar cercano a su domicilio o en alguna sede de Cáritas, a cambio no recibir una pena por el delito del que se lo estaba acusando.
La querella y la fiscalía se opusieron en su momento a que se le otorgue ese beneficio, presentando argumentos legales y jurisprudenciales, expresando que no encuadra para este tipo de delitos. Sobre esta base el Tribunal Oral decidió rechazar el pedido del Bialolienker en octubre pasado. La defensa del endoscopista, como era de prever, presentó el recurso de Casación.
Fue este martes que los jueces Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi, definieron que no se "procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación", de acuerdo a otro fallo dictado por la Cámara sobre el tema.
Se remarcó además que el consentimiento en este caso de la fiscalía es un requisito a la hora de otorgar una probation -lo que no ocurre- y que el dictamen del Ministerio Público Fiscal estuvo "fundado y motivado", por lo que es vinculante. Ya no habría impedimentos para que el juicio contra los dos médicos comience el próximo 10 de junio.
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