
El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, fue condenado a la pena de 13 años de prisión efectiva, por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, en el marco del juicio que desde el 4 de septiembre de 2017 se desarrollaba en su contra, por favorecer con resoluciones judiciales a narcotraficantes.
Los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas consideraron al ex magistrado "autor del delito de concusión en siete hechos, en concurso ideal con la autoría del delito de prevaricato en seis hechos".
Por eso, pasadas las 23.15 lo condenaron a la pena de 13 años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, y 90 mil pesos de multa, entre otras resoluciones.
Además de Reynoso (59), en el banquillo de los acusados estaban los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana, Rosalía Aparicio.

En el mismo fallo, los miembros del tribunal condenaron a Esper a la pena de diez años y seis meses de prisión efectiva, e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, como partícipe necesaria en la comisión del delito de concusión, en cinco hechos, en concurso real.
En tanto, a Valor lo consideraron partícipe necesario del delito de concusión en un hecho, por lo que lo condenaron a la pena de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado.
Además, los jueces decidieron absolver por el principio de la duda a Gómez, César y Rosalía Aparicio, y Miguel Ángel Saavedra, mientras que Gaona permanece prófugo, por lo que desde la primera audiencia de este año del juicio fue declarado en rebeldía y se suspendió el curso del proceso en lo que a él respecta.

Por otro lado, los jueces resolvieron no hacer lugar a la revocación de excarcelación de Valor, por considerar que no existe peligro de fuga atento a su situación de arraigo, y por el contrario, revocaron la excarcelación de Esper para constituirla en prisión preventiva domiciliaria, por la gravedad de las penas y la frecuencia de sus viajes al exterior, con la colocación de una pulsera electrónica.
Los fundamentos de la sentencia, que fue por mayoría debido a que Díaz votó en minoría en algunos puntos, serán dados a conocer el 24 de mayo próximo.
La audiencia de ayer comenzó cerca de las 9 de la mañana, con el cierre de los alegatos de Reynoso, quien se extendió por unas 12 horas en su tercera jornada de exposición, para pedir la absolución lisa y llana por entender que faltaban pruebas.

Tras casi 12 horas de exposición, pidió a los jueces que, si "no hay certeza absoluta, por favor no nos condenen" y reiteró que la acusación se basó "en rumores y murmullos", al tiempo que habló de una campaña mediática en su contra, teniendo en cuenta la importancia del periodismo como "factor de presión" para los jueces.
Asimismo, denunció una trama para lograr su destitución y anticipó que el 19 de marzo pasado denunció al fiscal federal general Carlos Amad, por prevaricato, por falta de análisis a los elementos de prueba y "omitir valorar pruebas sustanciales en todas las causas de este juicio".
Los alegatos de este juicio comenzaron en la última audiencia de diciembre de 2018, antes de la feria, cuando el fiscal federal Carlos Amad pidió 25 años de prisión para Reynoso como "autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión (exigir el pago de una contribución) y este último en concurso ideal con prevaricato".

Además, Amad solicitó 20 años de prisión para Esper; 18 para Gómez y Gaona; 14 para Valor y Saavedra; y 10 para César Aparicio, mientras que para Rosalía Aparicio solicitó una condena de 2 años.
En tanto, el querellante Carlos Garmendia, pidió que el ex juez federal de Orán sea castigado con 18 años de prisión.
Cerca de 180 testigos pasaron por este juicio, al que Reynoso llegó procesado por asociación ilícita, concusión y prevaricato por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, quien consideró que esta organización fue montada, coordinada y encabezada por el ex magistrado y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.
Con información de Télam
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