
¿Ficción o realidad? Es lo que se puede preguntar el lector sobre el relato que sigue. La crónica bien podría tratarse de una nueva serie de Netflix sobre los detectives de Asuntos Internos que persiguen a policías corruptos en una repartición de Nueva York. Sin embargo, es otro hecho que involucra a uniformados que recibieron sobornos para beneficiar a delincuentes de la peor calaña, en este caso en la seccional 4ª de José León Suárez.
Algunos datos concretos para tener en cuenta. Según las estadísticas oficiales de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), al mando de Guillermo Berra, y que depende del ministerio de Seguridad bonaerense, en promedio, se abren 27 sumarios por día. Es decir, unos 29.000 en los últimos tres años.
El 50% son por actos de corrupción. La otra mitad, por violencia institucional, apremios ilegales, violencia de género, exceso en la legítima defensa –gatillo fácil-, irregularidades en las dependencias, o, como ocurrió en el puesto del Mercado Central, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, porque dos policías que estaban de guardia –Enrique Maldonado y Emanuel Barroso- llegaron borrachos a tomar servicio en vísperas de Navidad.
Simulación de una fuga
Si se tratase de una tira policial de varios capítulos la escena podría comenzar en colores oscuros, fríos, deteniéndose, después de un traveling corto, en cada uno de los objetos descubiertos durante el allanamiento realizado sobre los calabozos de la comisaría ubicada en el municipio de San Martín.
Un teléfono celular de color negro, tres cucharas, un espejo retrovisor de motocicleta, dos soga de tela de unos tres metros cada una, un alicate, un jarro de metal y un clavo.
La mayoría de esos elementos, que claramente no deberían estar ahí, fueron "plantados" para "simular" la fuga de un delincuente que se dedicaba al robo de camiones de gran porte con mercadería en tránsito.
Traducido a la jerga de los investigadores, un malandra, viejo conocido en la zona, y cabecilla de una banda de piratas del asfalto que conocía que en esa seccional, si perdías, "se la ponías al subcomisario -Jorge Pablo Toledo- y salías por la puerta grande como Pancho por su casa".

En este caso –como quedó demostrado en el sumario de Asuntos Internos y de la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio número 1- el trato se selló en 20.000 pesos.
El "malandra viejo", el que pagó la coima a Toledo sin regateos, fue Juan Antonio Barrios que había sido detenido "in fraganti" a las ocho de la mañana del 19 de diciembre.
Fue en la pequeña y desprolija oficina del segundo jefe de la comisaría, dónde se cerró.
Por ese monto en los libros de detenidos no debería quedar indicios del ingreso del delincuente y, obviamente, no se daría intervención a la fiscalía de turno.
Todo marchaba viento en popa. Sin embargo, los oficiales que realizaron la detención, antes de la llegada del subjefe a la repartición, habían hecho las cosas como Dios manda.
Barrios debería ser "bajado a la fiscalía" el 20 de diciembre y quedar a la "sombra" como mínimo hasta después de la celebración de fin de año.
Tanto el delincuente de civil, como el de uniforme, volvieron a hablar y re pautaron la estrategia espuria.
Al no poder modificar la situación judicial del pirata del asfalto –que por nada quería pasar Navidad y Año Nuevo preso- se ideo la farsa de la "evasión" para la noche de ese mismo 19 de diciembre.
El ingreso al calabozo de las sogas, espejo, cucharas, clavo y celular, servirían para fraguar la farsa de un escape a través de las ventanas con flojos barrotes.
Pero ocurrió un segundo imponderable. El oficial de guardia de esa noche, es decir el responsable de los detenidos era Gustavo Adolfo Corregidor.
Le bastó escuchar la versión de la fuga simulada, e imaginarse dando explicaciones ante los abogados de Asuntos Internos, por la evasión para presentarse ante la unidad fiscal y denunciar a su jefe.
Un puñado de horas después una redada de Asuntos Internos y de la fiscalía asaltó a la comisaría por sorpresa.
Pero la sorpresa se la llevaron los detectives: el preso ya no estaba. Tolosa en persona le abrió el calabozo, lo acompañó hasta la puerta y observó atento hasta que el auto de un familiar del ladrón se perdió en el ya oscuro horizonte.

El subcomisario hizo lo propio. Se fue, pero a su hogar.
Horas después un grupo de colegas de Asuntos Interno lo esposaban e ingresaban a un calabozo por orden judicial.
La paradoja es que al menos hasta el cierre de esta nota, Juan Antonio Barrios continuaba prófugo, y el subcomisario Toledo tras las rejas y procesado.
Es decir, el "malandra", como se lo llama en un audio policial, pasó en libertad Noche Buena y el subcomisario preso.
Berra, el titular de la AGAI, decidió además la remoción de sus cargos y la apertura de sumarios del jefe de la 4ª de José León Suárez, comisario Walter Roque Alfredo Manrique; y del oficial subinspector Iván Augusto Aranda, ambos acusados y a disposición de la Justicia por el presunto delito de "encubrimiento".
Durante el allanamiento, también se secuestraron los libros originales de presentismo del personal, el libro de registro de detenidos penales y libro de novedades de guardia. También los sumarios penales que estaban archivados.
Al prófugo se lo acusa de "robo agravado y violación de domicilio (evasión)". Al al subcomisario Toledo, la fiscalía le imputó los presuntos delitos de "cohecho y encubrimiento".
Infobae ya había denunciado un caso similar en Esteban Echeverría, dónde los oficiales de guardia, además de bajarle la calificación procesal a los delincuentes, en ese caso vinculados al narcotráfico, y robo de autos, asesoraban a su familia como declarar ante la fiscalía para engañarla.
Allí también los policías que recibieron los sobornos terminaron presos –hasta el día de hoy- y el peligroso delincuente continúa evadiendo a la justicia.
Un típico final de las mejores historias policiales argentinas.
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