La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy la excarcelación de Facundo Jones Huala pero reenvió la causa al tribunal de origen para que sea el juez Gustavo Villanueva el que disponga otorgarle la prisión domiciliaria mientras la Corte Suprema define su extradición a Chile.

En un voto por mayoría, los jueces Alejandro Slokar y Ana María Figueroa dispusieron  que el tribunal inferior dije las nuevas condiciones de detención domiciliaria, en reemplazo de la prisión preventiva, para que el lonko pueda esperar el pronunciamiento de la Corte con sus condiciones de detención morigeradas.

Así lo había planteado el fiscal general Javier de Luca. Esos argumentos fueron atendidos por los dos camaristas .

Tal como adelantó Infobae, el juez Eduardo Riggi rechazó de plano otorgarle la libertad a Jones Huala y también se opuso al planteo que propició el arresto domiciliario por considerarlo un argumento intempestivo. Es decir, no previsto en el recurso interpuesto originalmente por la defensa del lonko.

Según analizaron fuentes judiciales sobre el fallo, "la argumentación de la mayoría resulta contradictoria, porque se rechaza la excarcelación por el riesgo de fuga y es este mismo argumento el que debería tenerse en cuenta para denegar la concesión del arresto domiciliario".

En su voto, Riggi esbozó una cuestión estrictamente procesal en su negativa. Fundamentó que en el tribunal de origen, es decir ante el juez Gustavo Villanueva, nunca se debatió ese beneficio, por lo cual ese "planteo extemporáneo resulta improcedente". Indicó que ese requerimiento es nuevo y señaló que la postura favorable del fiscal De Luca no resulta "vinculante para los magistrados".

Ahora, será el magistrado de Bariloche quien deberá fijar las nuevas condiciones de detención domiciliaria del líder mapuche, preso en el penal de Esquel desde hace un año. Jones Huala espera el pronunciamiento  la Corte Suprema de Justicia sobre su extradición en condiciones de arresto ampliamente mejoradas.

Invocación del derecho indígena

Los jueces Slokar y Figueroa sustentaron el reenvío de la causa al tribunal inferior amparándose en el dictamen del fiscal De Luca que solicitó una "medida sustitutiva a la prisión preventiva carcelaria que asegure los mismos fines".  Figueroa en su voto tradujo esa terminología jurídica  en una "prisión domiciliaria con la adición de un dispositivo electrónico de control", medida que a criterio de la magistrada "resulta una medida razonable a evaluar, garantizando la sujeción del imputado al proceso".

Ambos magistrados invocaron la jerarquía supralegal y el carácter vinculante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que regula los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al momento de atender el requerimiento fiscal de morigerar las condiciones de detención del líder mapuche.

Sin embargo, Riggi rechazó ese argumento al señalar que esa norma, amparada en la ley 24.071, "no excluye la posibilidad de disponer medidas cautelares de encierro respecto de un acusado que pretende ampararse en la condición de integrante de un pueblo originario".

En lo que sí estuvieron de acuerdo los tres magistrados es en el riesgo de fuga que supondría excarcelar a Jones Huala.

"Su actitud elusiva—señaló Slokar—quedó demostrada en el proceso que se le sigue en la República de Chile, donde accedió y quebrantó múltiples beneficios relacionados a su libertad ambulatoria, que luego debieron ser revocados, motivando la orden de captura y posterior pedido de extradición".

Bandera mapuche en Comodory Py

Según fuentes judiciales, pasadas las 13.30 y finalizado el horario de apertura al público de los tribunales en Comodory Py, dos personas no identificadas forzaron una abertura que accede a la terraza del edificio con la intención de desplegar una bandera mapuche. En ella se pedía por la libertad del lonko Facundo Jones Huala. Un fotógrafo, desde la calle, se disponía a retratar la medida de protesta cuando personal de la Policía Federal detuvo a los tres manifestantes, que quedaron a disposición del juez de turno.