La Cámara Federal le concedió al socio de Enrique Juan Blaksley Señorans en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué, y a la cuñada del llamado "Madoff argentino", Verónica Vega, la posibilidad de la excarcelación. Sin embargo, si quieren quedar en libertad deberán pagar fianzas millonarias.
Según estima la fiscal del caso, Alejandra Mángano, las maniobras que encabezó Blaksley involucraron a al menos 2.230 damnificados. Al empresario se le adjudicaron 318 hechos de estafa y cuatro de lavado, lo que lo convierte en el mayor estafador de la historia argentina.
Por estos hechos en abril la jueza María Romilda Servini lo procesó, decisión confirmada el mes pasado por la Cámara Federal con el voto de los jueces Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia. Blaksley debe cumplir con prisión preventiva y se le trabó un embargo de 3 mil millones de pesos.
Al mismo tiempo que se conoció el procesamiento de Blaksley se confirmaron los de su socio, Dolinkué, con prisión preventiva y un embargo de 1.833 millones; Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley con un embargo de 2.777 millones y un monto similar para Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.
Ahora la Cámara Federal resolvió hacer lugar a los pedidos de excarcelación de Dolinkué y Vega, aunque para quedar en libertad la Justicia les impuso a los acusados cuantiosas sumas como caución real: $91.650.000 para el socio y $138.350.000 para la cuñada.
Además les fue impuesta la obligación de comparecer ante el tribunal antes del quinto día hábil de cada mes y de dar aviso en caso de ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas. También se les prohibió a ambos la salida del país.
La captura de Dolinkué fue pedida el 11 de abril, un día después de que Blaksley fuera detenido. Ese mismo día se pidió la detención de Vega, una de las principales jugadoras operativas del "Madoff argentino" dentro de la financiera que ofrecía tentadores intereses del 12 por ciento a sus ahorristas y que fue denunciada por al menos 400 inversores identificados por la fiscal Mángano.
Blaksley basaba su negocio en la promoción constante y fotos con figuras como Roger Federer, el papa Francisco o Benedicto XVI, todo para demostrar una supuesta solvencia económica que atrajera contratos, los que derivaban en nuevas estafas.
Lo que dio inicio al expediente y a la posterior investigación judicial fue una denuncia por estafa en noviembre de 2016 que tiene como abogado a Gonzalo Romero Victorica, al que luego se sumaron otros querellantes como Víctor Varone y Hernán Vega, del estudio Iezzi & Varone.
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