Ordenaron la intervención judicial de las empresas del Grupo Indalo

El juez comercial Javier Cosentino ordenó la intervención judicial de un grupo de sociedades comerciales integrantes del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López. La decisión del magistrado se dio en el marco de un incidente de administración y liquidación de particiones accionarias en el proceso de quiebra de Oil Combustibles.

Las empresas intervenidas son "Ideas del Sur S.A."; "Editorial Amfin S.A."; South Media Investments S.A."; "Paqariy S.A."; "IGD S.A."; "Votionis S.A."; "DH Com S.A."; "Radioproductora 2000 S.A."; "Imagen Radial S.A."; "Urbanizadora GEA S.A.; "Inversiones Indalo S.A."; "Oil M&S S.A."; "Petrolera Cerro Negro S.A.; "CPC S.A."; "Álcalis de la Patagonia S.A."; "Establecimiento Santa Elena S.A."; "Argentina Corre S.A."; Inversora M&S S.A."; "Paraná Metal S.A"; "Promet S.A."; "La Salamandra S.A."; "Esuvial S.A."; "Oil Construcciones S.A."; "Ganadera Santa Elena"; "Magenta S.A"; "Desarrollos Electrónicos Informáticos S.A." e "Iverco del Cono Sur S.A.". La intervención judicial de las administraciones de las mencionadas sociedades comerciales será bajo la forma de veeduría durante el plazo de 90 días corridos. La medida, indicó Cosentino, está orientada a salvaguardar los activos de la quiebra.

El magistrado destacó que la nota distintiva de las sociedades intervenidas dentro del Grupo Indalo es un monto de más de 3.440 millones de capital nominal adeudado a Oil Combustible por esas firmas. "Frente a tal escenario y con miras al pronto recupero del activo así disperso, corresponderá asumir una decisión cautelar a través de la cual pueda lograrse, además de una visión integral del interés comprometido, una debida reclamación y eventual ejecución de tan importante adeudo", sostuvo el juez en su fallo.

Como interventores fueron designados las mismas personas que ya vienen desempeñando esa función en Oil Combustibles quienes deberán aceptar el cargo dentro de las 48 horas. A fin de poder cumplir con la tarea encomendada por el juez Cosentino, los interventores están facultados para requerir a las empresas del Grupo Indalo toda la documentación y otros antecedentes que consideren pertinentes. Asimismo, de ser necesario, podrán solicitar las medidas tendientes a garantizar el acceso a las distintas sedes y demás instalaciones de las empresas intervenidas.

Los veedores deberán presentar informes mensuales de manera conjunta respecto de las tareas encomendadas por el juez Cosentino. Tendrán que informar la participación accionaria de Oil Combustibles en cada una de las firmas intervenidas, su valuación según el último estado contable aprobado y si existe alguna deuda de esas sociedades con la petrolera fallida.