ARA San Juan: conflicto de poderes entre la Comisión Bicameral y la Justicia Federal de Caleta Olivia

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al tribunal, el Secretario Administrativo de la Comisión, Carlos Álvarez, intimó a la jueza Marta Yañez a poner a disposición de la Comisión, la totalidad del expediente judicial que lleva adelante y que al presente contiene no solo pruebas documentales requeridas a la Armada Argentina, sino además decenas de declaraciones testimoniales tomadas a personal militar en actividad y retiro, con las cuales la Dra. Yañez intenta comenzar a perfilar las eventuales responsabilidades penales de funcionarios militares y civiles relacionados con la operación del malogrado submarino San Juan.

Pero los diputados y senadores presentes se toparon con una dura postura de la Jueza, quien les remarcó que al margen de la labor que se lleva adelante en la Comisión, la única habilitada para conducir las actuaciones judiciales y asimismo determinar la eventual comisión de uno o más ilícitos e imputar a él o los responsables de los mismos, es precisamente ella.

En la mencionada reunión – la que por momentos fue bastante tensa- se convino que la Comisión Bicameral debería apuntar su pesquisa solo a la determinación de responsabilidades políticas y que en modo alguno podría incursionar en la formulación de cargos que rocen el accionar de la justicia penal o eventualmente la civil.

De nada sirvieron los planteos que varios legisladores formularon en cuanto a que se garantizaría el mantenimiento de la debida reserva de la información que Yañez podría entregarles y cuya divulgación comprometiera la investigación.

Luego de transcurridos varios días del encuentro, los estrados judiciales se conmovieron con la llegada de una intimación a la Jueza Yañez firmada por el Presidente de la bicameral. El Senador José Ojeda conminó a la Jueza a que en el plazo perentorio de 5 días, haga entrega de todo el expediente judicial bajo apercibimiento de denunciarla ante los organismos de contralor judicial corespondientes.

Infobae, consultó a diversas fuentes judiciales, las que coinciden en sostener que la pretensión de los legisladores constituye un intento de avasallamiento de la independencia judicial. "La ley de constitución de la comisión, establece en sus artículos. 4° y 5° que la misma está facultada para efectuar requerimientos a funcionarios u organismos públicos y privados, pero en modo alguno estas facultades alcanzan al ámbito judicial y menos aún al magistrado que lleva adelante la causa penal por el siniestro", explican.

En las últimas horas de la víspera, varios asesores de los diputados y senadores que integran la comisión manifestaron su total desconocimiento respecto a la intimación que obra en el despacho de Yañez, lo que parecería confirmar que el Senador Ojeda se arrogó la representación de todo el organismo investigador sin consulta previa.

Como se informara oportunamente,  los 3 poderes del Estado llevan adelante su propia investigación sobre las probables causas de la tragedia, pero mientras que la se desenvuelve en el ámbito del Ministerio de Defensa, ha recibido el mandato de abocarse exclusivamente a criterios técnico profesionales propios del arte de navegar y la técnica naval, la legislativa y en especial su presidencia, estaría intentando convertirse en las exclusivas juzgadoras del caso, en lo que por estas horas ha generado malestar no solo en la justicia, sino además en varios diputados y senadores que consideran que no fue para eso que se creó el ente bicameral.

Como se recordará, la necesidad de constituir un órgano investigador en el ámbito del Congreso, surgió a partir del pedido de las 44 familias de los tripulantes desaparecidos y fundamentalmente para actuar como una suerte de contralor de lo actuado en el ámbito del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que una medida dispuesta por Ojeda genera cortocircuitos incluso con los propios familiares. Hace pocos días, la decisión de darle carácter secreto a la declaración del desplazado jefe de la Armada Almirante Marcelo Srur, ocasionó un tremendo malestar tanto en el poder ejecutivo como en las decenas de personas que habían viajado especialmente para escuchar a Srur y hacerle preguntas. Fue el propio vicepresidente de la comisión, Diputado Nacional Guillermo Montenegro quien tuvo que mediar para anular la decisión de Ojeda y permitir el ingreso al recinto de familiares y prensa tal como había ocurrido días antes cuando prestó declaración el Ministro de Defensa Oscar Aguad.

Si bien nadie sabe a ciencia cierta de qué forma terminará esta disputa, todo parece indicar que desde Caleta Olivia no se tomará en cuenta lo solicitado al considerarse que el requerimiento es absolutamente improcedente.