Ninguna de las causas de corrupción más resonantes tiene sentencia firme

Entre 1991 y 1994, el entonces Presidente Carlos Menem firmó tres decretos secretos con la finalidad de venderle armas a Panamá y Venezuela. Sin embargo, detrás se escondió una maniobra para que unas 6.500 toneladas armamento fueran destinadas a Ecuador y Croacia, estados sobre los que pesaba una prohibición para adquirir material bélico.

En 1995, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal para que se investigue el hecho. Pasaron 23 años y aún no hay sentencia firme. El ex Jefe de Estado y actual Senador Menem fue condenado a 7 años de prisión, pero gracias a una alambicada y eficaz estrategia procesal de su defensa el fallo todavía no está confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. No es el único caso de corrupción que no tiene una decisión definitiva.

En la Corte Suprema hay preocupación por las demoras. Su titular, Ricardo Lorenzetti, mantiene reuniones periódicas con los magistrados que llevan adelante las causas más resonantes. El pedido es siempre el mismo: que atiendan los reclamos sociales de mayor celeridad en las investigaciones y en los juicios orales.

De acuerdo con un relevamiento hecho por Infobae entre las 51 causas de corrupción más relevantes de los últimos años, ninguna tiene sentencia firme. Cuatro de estos expedientes están a la espera de una confirmación de la Casación, 5 están en la etapa de juicio oral, 13 han sido elevados a juicio y 29 están en instancias previas.

En Casación están la causa por la tragedia de Once en la que murieron 51 personas, dos expedientes en los que está condenado el ex Presidente Carlos Menem: el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y otra por el pago de sobresueldos durante su gobierno; y la investigación por el cotillón que compró Guillermo Moreno en su campaña anti Clarín financiada con recursos públicos.

En la etapa de juicio oral se encuentran el caso Ciccone, el segundo juicio por la tragedia de Once en el que está siendo juzgado el ex super ministro kirchnerista Julio De Vido, el encubrimiento del atentado a la AMIA, el expediente por la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas del choque del tren Sarmiento en la estación Once y uno por asociación ilícita contra el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, llevado a los estrados judiciales por entorpecer el ingreso de barcos al puerto de Buenos Aires. El inicio de este juicio estaba previsto para el 23 de febrero pasado pero se postergó para el 11 de septiembre de este año.

Están elevadas a juicio las causas por la venta de dólar futuro en la que será juzgada la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, entre otros ex funcionarios; una parte del expediente conocido como Ruta del dinero K cuyo protagonista principal es Lázaro Báez, el empresario favorito de la familia Kirchner; la causa por el auto trucho de Boudou; la investigación por la compra de trenes chatarra que hicieron Julio De Vido y Ricardo Jaime; el plan Qunita; la conexión local del atentado a la AMIA y la causa por el pago de sobreprecios en la compra de autos de alta gama para el Ministerio de Economía. También está elevada a juicio la causa por enriquecimiento ilícito contra José López -quien supo ser hombre de confianza de Julio De Vido- y que cayó en desgracia cuando fue detenido en la madrugada del 14 de junio de 2016 mientras intentaba ingresar bolsos repletos de dólares a un convento de General Rodríguez. En esta etapa se encuentra un expediente también por enriquecimiento ilícito contra el ex Jefe del Ejército, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, quien está detenido y acusado además por delitos de lesa humanidad.

En el relevamiento hecho por Infobae, la mayor cantidad de casos está aún en la etapa de investigación. Son 29 causas entre las que figuran la pesquisa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, su denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán, el caso iniciado a partir de una investigación de Infobae en el que está acusada Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración, la denuncia de Vialidad por el pago de sobreprecios en la obra pública, Hotesur y Los Sauces en los que está comprometida la familia Kirchner en maniobras de lavado de activos, entre otros casos resonantes.

También está en esta instancia la causa contra Cristóbal López, quien está acusado de no pagarle a la AFIP ocho mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles. Sólo para tener dimensión del monto que no habría tributado el empresario vale mencionar que con ese dinero se podrían hacer 14.400 viviendas sociales, financiar tres años y medio el funcionamiento del Hospital Garrahan, edificar 64 escuelas, construir 8 hospitales de alta complejidad o urbanizar 4 veces todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires.

Medio centenar de causas de corrupción, procesos de más de 20 años de duración, miles de millones de fondos públicos sin destino conocido y ninguna sentencia definitiva.