
Fue en enero de 2017 que Mauricio Macri, junto a Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el traspaso de la Justicia federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Si bien hasta el día de hoy la medida no se hizo efectiva por completo, a partir del primero de marzo habrá un cambio sustancial para la justicia porteña.
Sucede que a raíz de una resolución adoptada en forma conjunta por la Fiscalía General de la Ciudad, interinamente a cargo de Luis Cevasco, el defensor general Horacio Corti y el asesor general tutelar, Yael Bendel, en ese ámbito se comenzarán a investigar casi 30 nuevos delitos. La decisión ya fue remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración.
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Los delitos que serán asumidos son los tipificados en el Código Penal en sus artículos 97 a 103 (duelo); 104 y 105 (abuso de armas); 150 a 152 (violación de domicilio); 186 a 189 (incendio y otros estragos); y 189 bis (tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, con excepciones).
También pasarán a la órbita de la Justicia porteña los delitos previstos en la ley 24.270 (impedimento u obstrucción de contacto); en la 23.592 (de Penalización de Actos Discriminatorios); en las leyes 20.655 y 23.184 (sobre Delitos y Contravenciones en el Deporte y Espectáculos Deportivos), en cuanto resulten aplicables a la jurisdicción local.
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Asimismo, la Justicia de la Ciudad comenzará a intervenir en las causas por hechos cometidos por funcionarios públicos porteños o contra ellos, como por ejemplo atentado y resistencia contra la autoridad; falsa denuncia de delitos cuya competencia esté transferida a la CABA y usurpación de autoridad, títulos u honores.
Otras figuras penales que se transfirieron son abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; evasión y quebrantamiento de pena.
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Lo mismo ocurrirá respecto de los tipos penales de falsificación de sellos, timbres y marcas, y falsificación de documentos, cuando se trate de instrumentos emitidos -o con competencia para hacerlo- por la CABA.
Finalmente, el cronograma alcanza a los delitos -cuando sean de competencia pública local- de funcionarios contra la libertad individual; contra la libertad de trabajo y asociación y estafa procesal en procesos judiciales tramitados ante los tribunales porteños.
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También están incluidos defraudación -siempre que se cometa contra la Administración Pública local-; contra la seguridad del tránsito; desarmado de autos sin autorización; profilaxis -delitos tipificados en la ley 12.331- y suministro infiel e irregular de medicamentos.

Estos nuevos delitos fueron transferidos luego de que el 7 de septiembre se aprobara una ley en la Cámara de Diputados, lo cual se sumó a dos tandas anteriores de figuras penales que habían sido traspasados, pero a través de convenios entre la Justicia Nacional y la porteña.
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El largo proceso comenzó en el año 2000, cuando tras un convenio entre el entonces presidente Fernando de la Rúa y el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se transfirió la Tenencia y portación de armas de uso civil y luego otros delitos como lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, omisión de auxilio y malos tratos contra animales.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad estiman que las nuevas estructuras, que incluye a unos 500 empleados y jueces, estarán en funcionamiento entre septiembre y octubre, aunque previamente el acuerdo debe ser refrendado por la Legislatura porteña y por el Congreso Nacional.
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Además, deben ser designados nuevos jueces porque los juzgados a traspasar son los que están vacantes y la idea es que arranquen con cero causas y las que tienen queden en la Nación.
Para otra etapa, quedará el traspaso de los delitos restantes (homicidios, abuso sexual, estafas, entre otros) y de los fueros Civil, Comercial y Laboral.
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Con información de la agencia Télam
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