Fue en enero de 2017 que Mauricio Macri, junto a Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el traspaso de la Justicia federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Si bien hasta el día de hoy la medida no se hizo efectiva por completo, a partir del primero de marzo habrá un cambio sustancial para la justicia porteña.
Sucede que a raíz de una resolución adoptada en forma conjunta por la Fiscalía General de la Ciudad, interinamente a cargo de Luis Cevasco, el defensor general Horacio Corti y el asesor general tutelar, Yael Bendel, en ese ámbito se comenzarán a investigar casi 30 nuevos delitos. La decisión ya fue remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración.
Los delitos que serán asumidos son los tipificados en el Código Penal en sus artículos 97 a 103 (duelo); 104 y 105 (abuso de armas); 150 a 152 (violación de domicilio); 186 a 189 (incendio y otros estragos); y 189 bis (tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, con excepciones).
También pasarán a la órbita de la Justicia porteña los delitos previstos en la ley 24.270 (impedimento u obstrucción de contacto); en la 23.592 (de Penalización de Actos Discriminatorios); en las leyes 20.655 y 23.184 (sobre Delitos y Contravenciones en el Deporte y Espectáculos Deportivos), en cuanto resulten aplicables a la jurisdicción local.
Asimismo, la Justicia de la Ciudad comenzará a intervenir en las causas por hechos cometidos por funcionarios públicos porteños o contra ellos, como por ejemplo atentado y resistencia contra la autoridad; falsa denuncia de delitos cuya competencia esté transferida a la CABA y usurpación de autoridad, títulos u honores.
Otras figuras penales que se transfirieron son abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; evasión y quebrantamiento de pena.
Lo mismo ocurrirá respecto de los tipos penales de falsificación de sellos, timbres y marcas, y falsificación de documentos, cuando se trate de instrumentos emitidos -o con competencia para hacerlo- por la CABA.
Finalmente, el cronograma alcanza a los delitos -cuando sean de competencia pública local- de funcionarios contra la libertad individual; contra la libertad de trabajo y asociación y estafa procesal en procesos judiciales tramitados ante los tribunales porteños.
También están incluidos defraudación -siempre que se cometa contra la Administración Pública local-; contra la seguridad del tránsito; desarmado de autos sin autorización; profilaxis -delitos tipificados en la ley 12.331- y suministro infiel e irregular de medicamentos.
Estos nuevos delitos fueron transferidos luego de que el 7 de septiembre se aprobara una ley en la Cámara de Diputados, lo cual se sumó a dos tandas anteriores de figuras penales que habían sido traspasados, pero a través de convenios entre la Justicia Nacional y la porteña.
El largo proceso comenzó en el año 2000, cuando tras un convenio entre el entonces presidente Fernando de la Rúa y el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se transfirió la Tenencia y portación de armas de uso civil y luego otros delitos como lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, omisión de auxilio y malos tratos contra animales.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad estiman que las nuevas estructuras, que incluye a unos 500 empleados y jueces, estarán en funcionamiento entre septiembre y octubre, aunque previamente el acuerdo debe ser refrendado por la Legislatura porteña y por el Congreso Nacional.
Además, deben ser designados nuevos jueces porque los juzgados a traspasar son los que están vacantes y la idea es que arranquen con cero causas y las que tienen queden en la Nación.
Para otra etapa, quedará el traspaso de los delitos restantes (homicidios, abuso sexual, estafas, entre otros) y de los fueros Civil, Comercial y Laboral.
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Con información de la agencia Télam
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