Avanza una investigación por lavado de dinero sobre el empresario Néstor Otero

Néstor Otero es el dueño de la empresa que explota desde hace décadas la Terminal de Ómnibus de Retiro. Coimeó a Ricardo Jaime cuando era secretario de Transporte del kirchnerismo. Jaime fue condenado por coimero y el coimeador –en este caso Otero- recibió una probation. A Otero el macrismo le otorgó la Terminal de Ómnibus del Sur de la Ciudad de Buenos Aires que aún no funciona. Siempre tuvo una excelente relación con los gobernantes sin importar el color político.

Vencida la concesión de Retiro, el gobierno actual llamó a licitación. Y Otero, que no quiere perder su millonario negocio, se presentó con una firma vinculada a su empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA) a la licitación que el macrismo aún no ha definido. Mientras eso sucede el fiscal federal Franco Picardi pidió una serie de medidas de prueba para avanzar en una investigación en la que Otero fue imputado por lavado de dinero.

La denuncia contra Otero fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que recibió información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A la causa judicial se sumaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) provistos por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de sociedades que integran el Grupo Otero.

En la causa en la que Picardi imputó a Otero y está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, se investiga si el empresario cometió delito de lavado de dinero cuando en agosto de 2014 usó una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para realizar 39 transferencias por $7.480.000 a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.

Según la imputación realizada por Picardi, Otero había depositado en su cuenta personal cheques por los que otras empresas le realizaron pagos a TEBA. Y desde la cuenta de Otero se hicieron transferencias para el pago de sueldos de otras firmas que integran el grupo empresarial cuyo centro es TEBA. Para la época, según había dicho el fiscal, la cuenta de TEBA estaba embargada debido a un reclamo judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por deudas del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado un embargo de $18.000.000 por la deuda de TEBA. Luego la empresa acordó un plan de pagos con la Ciudad. Como la cuenta de TEBA estaba embargada, Otero usaba la propia para mantener el giro comercial de su compañía. Y esa maniobra fue denunciada.

Para avanzar con la causa, luego de haber sido incorporado al expediente un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Picardi le pidió a Martínez De Giorgi que realice algunas medidas de prueba. Solicitó el fiscal un relevamiento de las causas judiciales en las que están involucrados Otero y los otros imputados en el caso porque allí puede haber información de interés para la investigación por lavado de dinero.

El fiscal quiere analizar una causa radicada en la justicia en lo Penal Económico en la que Otero está investigado por evasión impositiva. También está interesado en la situación de otra de las empresas de Otero, Terminal Mar del Plata S.A, que según la AFIP registra facturación con firmas apócrifas, lo que también constituye evasión.

Además, Picardi quiere que se determine si el manejo de fondos que hizo Otero a través de la cuenta del Banco Sáenz perjudicó a terceros que tenían intereses económicos respecto de TEBA.

Según fuentes judiciales, Picardi finalmente pidió que una vez reunido todo el material se realice un estudio contable para determinar cómo fue el movimiento de fondos.

Imputado en un expediente por lavado de dinero que está en plena investigación, Otero sigue a cargo de la Terminal de Retiro y pelea la licitación por quedársela por muchos años más.