
Luego de que Mauricio Macri lanzara un duro mensaje hacia la Justicia por la lentitud de las causas y la cantidad de vacaciones de sus funcionarios, entre otras cosas, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires hizo público su interés en "realizar cambios estructurales al sistema de administración de justicia".
A través de un comunicado, indicaron que el sistema "está desbordado" ya que hay "un 200% de sobrepoblación carcelaria y un número inaceptable de personas detenidas en comisarías". También endilgaron que el proyecto de Presupuesto para 2018 "destaca la enorme asimetría salarial que existe entre los magistrados y funcionarios bonaerenses y el fuero nacional, pero muchos de nuestros vecinos creen que recibimos salarios y tenemos propiedades como las que ven en televisión cuando se discuten realidades de otros lugares".
"Tenemos un número de causas, en particular en el Fuero Penal y el Fuero de Familia que hacen matemáticamente imposible atenderlas con la calidad que merecen. Nada de eso se resuelve con simples decisiones administrativas. Esos malentendidos de base dificultan que encontremos las soluciones de fondo", completaron.
Ante la insatisfacción de los bonaerenses por cómo funciona la Justicia, los magistrados expresaron: "Estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa situación se revierta, de modo que nuestros comprovincianos mejoren su confianza en el Poder Judicial. Esto es imprescindible para que sepan que existe una solución pacífica para los conflictos que no pueden resolver".
Para hacerlo, explicaron que como la provincia "incluye realidades muy heterogéneas, también en el Poder Judicial" es "imprescindible partir de la experiencia concreta de cada fuero y de cada geografía". Y alertaron: "No deben cometerse los errores de diseño y de asignación de recursos, presupuestos e infraestructuras en los que se incurrió en el pasado y que explican, en parte, la actual situación".
En el final, advirtieron que el Colegio "tiene la representación de más de 6200 funcionarios y magistrados de toda la provincia, lo que implica que cuando define posiciones está haciéndolo en nombre de más del 70% de esos estamentos". Y concluyeron: "Es imprescindible que sea convocado para trabajar en la revisión integral del sistema".
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