El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera Roberto Baratta, fueron quienes "diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad", aseguró en su fallo el juez Claudio Bonadio al firmar sus procesamientos.
Baratta, que fue arrestado este jueves por la tarde por efectivos de la Policía Federal en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, está acusado junto a De Vido de "defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta" a raíz de sobreprecios por unos $53 millones en la compra de gas natural licuado entre 2008 y 2015.
En su fallo, Bonadio destacó que De Vido y Baratta "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL", lo que generó un perjuicio a las arcas del Estado Nacional.
"Baratta fue quien instruyó a ENARSA sobre los volúmenes de GNL que correspondían ser adquiridos y durante qué periodos, en base a estudios previos que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron", agregó en su resolución Bonadio.
El magistrado consideró además que "las pruebas reunidas" en la causa apuntan a que tanto De Vido como Baratta "idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa -YPF- (…), y a su vez conformada en parte por personal inidoneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia".
Según el juez, la participación de De Vido y Baratta "en los sucesos lograba sortear cualquier control posible, pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron".
El juez advirtió que "un modo de llevar a cabo los actos infieles en perjuicio de la administración era a través de intermediarios", y por ello "es posible sostener que los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad".
Por otro lado, el fallo reseñó que "Baratta posee al menos una causa en trámite en estado avanzado", en referencia a la causa de la mina de Río Turbio por la que ayer se pidió el desafuero de De Vido-, mientras que el ex ministro "tiene varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional".
"Las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta, como también de que la entorpecerán", concluyó Bonadio.
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