
El pasado viernes, los porteños se sorprendieron con una noticia perturbadora: un megaoperativo histórico contra el lavado de activos en varios puntos del país llegaba hasta el mismísimo "Café de los Angelitos", un emblemático bar ubicado en las calles Rivadavia y Junín que tuvo entre otros clientes nada menos que a Carlos Gardel.

Del operativo participaron diferentes áreas de los Estados argentino, colombiano y estadounidense, y terminaron con la detención de José Bayron Piedrahita Ceballos, un capo narco del cartel de Caucasia que supo codearse con los líderes de los carteles de Medellín, Pablo Escobar, y Cali, Gilberto Rodríguez Orijuela. Producto de la pesquisa, se allanaron, oficinas, viviendas, locales de bailes de tango, bancos y empresas de cajas de seguridad privadas. Además, se inhibieron un sinnúmero de inmuebles y emprendimientos en la zona de Pilar.
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Capturado José Bayron Piedrahíta Ceballos, reconocido ganadero a quien Estados Unidos pide en extradición por #corrupción pic.twitter.com/DhILjCdm5V
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 29 de septiembre de 2017
La investigación sobre Piedrahita Ceballos se inició hace un año, cuando al capo narco colombiano lo incluyeron en la llamada "lista Clinton" que elabora la Oficina de Control de Activos estadounidense (Office of Foreign Assets Control, OFAC), un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda estadounidense (Internal Revenue Service-IRS) que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos.
Su caída fue la primera operación de investigación conjunta de lavado de dinero proveniente del narcotráfico llevada a cabo entre fiscales colombianos, la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), los Departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Información Financiera argentina, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Agencia Federal de Inteligencia y la Gerdarmería. La lista impresiona por la cantidad de reparticiones de tres estados nacionales diferentes que debieron coordinar su accionar, pero también por una ausencia notoria.
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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que fue creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó en 2012, para desarrollar estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional relacionadas a problemáticas de la criminalidad económica, en especial las relacionadas con el lavado de activos. Tras conocerse la inacción de la Procelac en el caso del capo narco dueño del "Café de los Angelitos", en la Justicia y en las diferentes reparticiones que participan de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero comenzaron a escucharse voces exigiendo una evaluación de los logros obtenidos por la Procelac desde sus inicios, cuando Gils Carbó designó al fiscal Carlos Gonella.

Entre su asunción 2012 y su renuncia en 2016, Gonella se mostró siempre como un "fiscal militante", con una actuación funcional y absolutamente alineada con el gobierno de Cristina Kirchner y de su jefa, Alejandra Gils Carbó, omitiendo investigar a Lázaro Báez aun cuando tenía sobrados elementos para hacerlo. "Tal vez sea la hora de replantearse por qué durante tantos años no se luchó contra estos flagelos que tienen consecuencias en la vida económica y social de nuestra sociedad", se preguntan en los pasillos de Comodoro Py.
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