Cayó una banda de más de veinte abortistas bolivianos y peruanos

Cuando la división Delitos contra la Salud de la PFA irrumpió en la tarde de ayer en una pieza convertida en un falso consultorio ginecológico en la esquina de Lutcher y Amoretti, zona de Ciudadela, una chica estaba montada a una camilla. Extranjera, con 18 años y un embarazo incipiente, temblaba con contracciones. No eran producto de un parto a venir, sino todo lo contrario: la medicación que tomó para interrumpir su embarazo las había causado. La PFA la llevó rápidamente a un hospital y pudo expulsar las pastillas.

Santusa Zevallos Rojas, una mujer boliviana de 22 años, la presunta encargada de darle la medicación, estaba allí en el lugar: fue arrestada automáticamente. Zevallos tampoco estaba sola, por otra parte; el allanamiento fue parte de una redada ordenada por el Juzgado Nº 49 a cargo de la doctora María Fontbona de Pombo para derribar una red de abortistas bolivianos y peruanos con varios cómplices argentinos; hubo 20 detenidos en total.

El operativo incluyó diez domicilios en total; los puntos se repartieron entre Ciudadela, Lomas del Mirador, Merlo y Villa Celina. En la lista de detenidos la absoluta mayoría son mujeres de 20 a 40 años, hay solo tres hombres, dos peruanos de 23 y 39 años y un boliviano de 37. En la lista, hay un nombre llamativo: el de Virginia Jain, argentina, de 27 años, con domicilio en Villa Celina. Sería una enfermera: así lo demuestran dos sellos y credenciales con el número de matrícula provincial Nº 11321 encontrados por la PFA.

Se les incautó toda su folletería con volantes que prometían abortos rápidos y seguros y su instrumental médico: agujas hipodérmicas, 50 jeringas, tubos para vías intravenosas. También, las drogas necesarias para interrumpir un embarazo: 88 ampollas de oxitocina, 23 pastillas de Cytotec y 16 pastillas de Oxaprost, ambas basadas en la droga misoprostol.

No es el único caso de estas características en los últimos años. En Comodoro Py circuló un expediente curiosamente similar. Durante largo tiempo, el juez federal Sergio Torres y el fiscal Federico Delgado junto a sus equipos investigaron arduamente a Marco Antonio Escobar Sosa, alias "Hermano Vicente", un peruano de 46 años oriundo de Tacna, vecino de Villa Celina. "Vicente" tenía una doble profesión: tarotista de día y abortista de noche. Operaba junto a su banda principalmente en Liniers. Delgado lo acusó a él y a siete cómplices que terminaron presos de integrar "una banda de personas que de un modo organizado montó una clínica para la práctica ilegal de abortos y suministro de medicamentos" desde 2009 hasta 2011. Se anunciaban a través de volantes, algunos de ellos prometían otros fines, como lecturas de tarot, "amarres" y brujerías de pareja. Otros eran más frontales: "Consultorio Mi Bolivia, atención a mujeres en edad fértil – solución atraso menstrual – $300 – con garantía".

Hubo episodios particularmente dramáticos en el expediente, como uno de febrero de 2011 en la calle Montiel al 30, en donde se le practicó un aborto a una mujer que resultó, según la elevación a juicio de Delgado, "en una hemorragia por la cual tuvo que ser internada por urgencia en el Hospital Santojanni".