El asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires: espías chilenos, una “zona liberada” y una explosión en la madrugada

Los indicios de que algo extraño ocurre son muchos, pero el general Carlos Prats no los nota, o quizás los desdeña. Las luces de la calle Malabia al 3300 están apagadas, igual que las de un tramo de la cercana y siempre brillante Avenida del Libertador; no hay tampoco patrulleros ni policías en la calle, lo cual es insólito en Palermo, uno de los barrios más vigilados de la Ciudad de Buenos Aires. Todo huele a zona liberada, pero al militar chileno, excomandante del Ejército de su país e incómodo exiliado en la Argentina que gobierna María Estela Martínez de Perón no parece importarle.

Del otro lado de la cordillera habita el Palacio de La Moneda, donde su antiguo subordinado, devenido enemigo acérrimo, Augusto Pinochet —el dictador que emergió después del golpe de Estado de hace poco más de un año— desalojó del poder y del mundo de los vivos al presidente constitucional Salvador Allende. Prats se fue de Chile para escapar de una muerte segura, pero en la Argentina su vida también está en peligro: desde hace tiempo tiene amenazas de muerte. Si todavía no se subió a un avión con destino a Madrid es porque se le venció el pasaporte y la embajada chilena le da vueltas para renovarlo, como si quisiera ganar tiempo.

El reloj que lleva en su muñeca izquierda marca las 0.30 del lunes 30 de septiembre de 1974 cuando el general exiliado detiene su Fiat 125 frente al edificio de Malabia 3351 y baja para abrir el portón del garaje mientras su esposa, Sofía Cuthbert, espera dentro del vehículo, sentada en el lugar del acompañante. Se les ha hecho tarde después de comer con unos amigos argentinos y quieren descansar porque Prats tiene que levantarse temprano ese lunes para ir a su trabajo en la empresa Cincotta, donde es gerente de Relaciones Públicas, un puesto que consiguió apenas llegó desde Chile. Prats solo ha dado dos o tres pasos en dirección a la puerta del garaje cuando la bomba explota. Sofía Cuthbert muere dentro del vehículo estallado sin siquiera darse cuenta. El general cae fulminado sobre la vereda por la onda expansiva mientras los restos del auto vuelan por el aire como proyectiles.

La explosión es tan fuerte que rompe los vidrios de varias ventanas de la cuadra y alarma a los habitantes de muchas manzanas a la redonda. A pesar de eso, el primer patrullero demoró casi media hora en llegar al lugar. Según el informe policial, recién a las 0.50 hubo una llamada anónima que dio aviso a la comisaría. “En Malabia 3351 había explotado un vehículo, muriendo sus ocupantes. Efectivamente, un Fiat 125 había sido destruido por un artefacto explosivo. Los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana (…) Eran las 3.00 y el auto seguía ardiendo”, dice el informe. El texto no escatima detalles truculentos. Consigna que al cuerpo de Sofía Cuthbert, de 57 años, “le faltaban ambas piernas y el brazo izquierdo, y presentaba varias heridas expuestas y quemaduras en varias partes del cuerpo”. En cuanto a Prats, de 59 años, dice: “Sobre la mitad de la acera y en forma paralela al cordón se encontraba el cadáver de un hombre, con quemaduras”. La potencia de la bomba se desprendía de un dato: el portón del garaje “se hallaba hundido hacia adentro. Había en el lugar, además, gran cantidad de vidrios pertenecientes a los edificios inmediatos”.

El caso quedó a cargo del juez en lo Penal Alfredo Nocetti Fasolino, que no demoró mucho en dictar el sobreseimiento provisional en la causa al no poder identificar a los culpables. En la Argentina, el peronismo en el poder se derechizaba a ojos vista y los grupos parapoliciales empezaban a actuar contra los disidentes. Prats no participaba de la política interna del país donde estaba exiliado, pero era una molestia para Pinochet, que hacía buenas migas con el Gobierno de la viuda de Perón.

Pasaron muchos años antes de que se pudiera identificar a los integrantes del comando que asesinó a Prats: los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (a) “Diego Castro Castañeda”; Guillermo Humberto Salinas Torres (a) “Freddy Yáñez”; Pablo Belmar Labbé (a) “Sergio Molina Correa”; Armando Fernández Larios (a) “Armando Faundez Lyon”; Juan Alberto Delmás Ramírez; el agente de la CIA Michael Townley, encargado de poner la bomba en el auto del general; y el espía chileno Enrique Arancibia Clavel, que con el tiempo se haría famoso por otros hechos.

Un militar democrático

En la América Latina de la primera mitad de la década de los ’70 no abundaban los militares con vocación democrática. Carlos José Santiago Prats González era uno de esos pocos uniformados respetuosos de las instituciones y la ley. Nacido en Talcahuano, Chile, en 1915, había sido nombrado comandante en jefe del Ejército por el presidente Salvador Allende después del asesinato de su antecesor, el general René Schneider, cometido por un grupo ultraderechista en octubre de 1970.

Defensor del prestigio y los intereses del Ejército, al principio Prats se mostró distante pero respetuoso de la investidura del mandatario que pretendía llevar a Chile al socialismo por la vía pacífica. Sin embargo, con el correr del tiempo llegó a ser bastante cercano a él. “Aprendí a apreciarlo como ser humano, de gran confianza en sí mismo, hasta orgulloso si se quiere, sensible a las franquezas del interlocutor, socarrón frente a los asentidores y sin acopio de odios, ni hacia sus más enconados enemigos políticos... su vitalidad de trabajo era extraordinaria, y sabía alternar con filosofía los largos momentos tensos y amargos con el breve placer mundano de la charla insustancial”, lo describió una vez.

El Gobierno de Allende sufría el asedio constante de los planes desestabilizadores orquestados desde la embajada estadounidense. En octubre de 1972, cuando se produjo un paro general de camioneros y luego de varios esfuerzos inútiles por detenerlo, el mandatario socialista llamó a las Fuerzas Armadas a integrar el Gabinete de Paz Social, Prats fue nombrado también ministro del Interior e, incluso, llegó a ocupar la presidencia durante un viaje de Allende al exterior. Se convirtió en uno de los hombres de confianza del presidente y por eso, cuando fogoneados por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano que conducía Henry Kissinger, un sector de las Fuerzas Armadas chilenas comenzó a planificar el golpe de Estado, lo vieron como un obstáculo al que era necesario que desplazar.

El momento de sacarlo del medio llegó —no se sabe si de manera fortuita o planificada—, el 27 de junio de 1973 a raíz de un incidente de tránsito. Ese día, cuando su chofer lo llevaba a su oficina, Prats fue reconocido por un grupo de manifestantes opositores que comenzó a insultarlo. Al mismo tiempo, un Renault 12 se le apareó y sus tripulantes se burlaron y le hicieron gestos obscenos. El general reaccionó mal, sacó su pistola por la ventanilla de su vehículo y le disparó al guardabarros del Renault. Cuando el otro auto se detuvo, Prats descubrió que la conductora era una mujer, Alejandrina Cox Palma, y se disculpó, pero de inmediato fue rodeado por una muchedumbre que lo acusó que querer matar a la mujer. Fue rescatado por un taxista que pasaba por el lugar: “¡General, lo van a linchar, déjeme sacarlo de aquí!”, le gritó para que subiera a su taxi.

Apenas unas horas después Prats presentó la renuncia, pero Allende se la rechazó. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron: la prensa lo acusó de cobarde por amenazar a una mujer e incluso las esposas de otros generales del Ejército pidieron su renuncia. Finalmente, el 23 de agosto de 1973, el comandante presentó su renuncia indeclinable: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno institucional”, escribió en su carta de dimisión.

Al mismo tiempo, le sugirió a Allende que lo reemplazara por su segundo, Augusto Pinochet. Fue una recomendación de la que se arrepintió el resto de su vida. Cuando se produjo el golpe del 11 de septiembre y Pinochet quedó a la cabeza de la dictadura, Prats creyó que no sería molestado por su antiguo subordinado. Sin embargo, varios oficiales que lo apreciaban le avisaron que había orden de asesinarlo en una operación del Ejército que quedaría encubierta como un atentado.

Cuatro días después escapó a la Argentina por un paso del sur cordillerano. Antes dejó una carta dirigida a Pinochet: “El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que uds. hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe”, decía en una parte del texto. El exilio no le salvó la vida. Un año y catorce días después de llegar a la Argentina y conseguir asilo político, el agente de la DINA Arancibia Clavel presionó un botón y detonó la bomba que hizo volar por los aires su auto en una calle extrañamente oscurecida de Palermo.

Espía, terrorista y asesino

Enrique Arancibia Clavel tenía una vasta experiencia en perpetrar crímenes políticos. Había sido uno de los hombres que integraron el comando que, cuatro años antes, había matado al general René Schneider. En esa ocasión lo detuvieron y confesó su participación, pero el tribunal lo dejó en libertad condicional. Poco después cruzó con documentos falsos a la Argentina, donde encontró la protección de funcionarios de la dictadura local que por entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levingston.

No demoró en tener un regreso con gloria a su país natal. Consumado el golpe de Estado en septiembre de 1973, Augusto Pinochet creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), oficializada meses después por un decreto presidencial, y puso al frente de la policía secreta al temible coronel Manuel “Mamo” Contreras. Entonces Arancibia Clavel volvió a Chile y se presentó de inmediato para ponerse a sus órdenes.

Como conocía la Argentina y en ese momento gobernaba el peronismo, “el Dinamitero” —como se lo conocía por su manejo de explosivos— fue destinado a cruzar nuevamente la cordillera, esta vez con un documento a nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz y un puesto en el Banco del Estado de Chile que le servía de cobertura. Se daba también tiempo para el placer: vivía en el distinguido barrio de Belgrano C y logró conquistar a Hugo Zambelli, un joven bailarín del teatro de revistas.

En 1974 logró otro ascenso. Con solo 30 años quedó al frente de la “estación” de la DINA en Buenos Aires. Desde allí dirigió varios crímenes que fueron parte de la coordinación de grupos operativos de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Se trataba del Operativo Cóndor, inspirado y alentado por uno de los hombres más destacados de la diplomacia de Estados Unidos, Henry Kissinger. La CIA financió parte de las acciones del Cóndor y también envió a algunos de sus agentes al Cono Sur latinoamericano.

También se dedicó a perseguir y asesinar a los exiliados chilenos con la “Operación Colombo” perpetrada en colaboración con parapoliciales argentinos entre mayo de 1974 y febrero de 1975 con un saldo de 119 muertos. Algunos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros eran argentinos a quienes les “plantaban” documentos de miristas chilenos. Tan criminal como sofisticado era el mecanismo para desinformar que, con fecha del 15 de julio de 1975, un pasquín porteño llamado Lea publicaba una doble página enviada desde “Ciudad de México” titulada “La vendetta chilena”, dando esa versión del ajuste de cuentas mirista. En Santiago de Chile el diario La Tercera publicó el mismo artículo sin cambiarle una sola palabra.

Luego del golpe que llevó a los militares al poder el 24 de marzo de 1976 las dictaduras de los dos países coordinaron todavía más estrechamente sus acciones en el marco del Plan Cóndor, pero pronto el conflicto por el Canal de Beagle abriría una brecha que le costó cara a Arancibia Clavel, que por entonces era el enlace de la DINA chilena con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino.

La inteligencia argentina pronto descubrió que el chileno estaba haciendo un doble juego: mientras seguía trabajando codo a codo con los represores argentinos también recopilaba información útil para sus jefes en caso de que se desatara una guerra entre los dos países, como estuvo a punto de ocurrir. Fue detenido el 24 de noviembre de 1978 y cuando allanaron su departamento los agentes de la SIDE argentina encontraron un archivo escondido en el doble fondo de un placard. Las carpetas estaban ordenadas con los mensajes de la sede de la DINA en Santiago y la estación de Buenos Aires a cargo de Arancibia.

Uno de los informes hablaba del romance entre el dictador Emilio Eduardo Massera y la actriz Graciela Alfano. De inmediato, la inteligencia naval fue a interrogar al “Dinamitero”. Como resultado de esa visita, quedó con los dedos fracturados. Solucionado el conflicto de Beagle, gracias a la mediación del cardenal Antonio Samoré, la dictadura de Pinochet logró también que el Vaticano pidiera la liberación de Arancibia. El trámite se demoró y recién pudo volver a las calles en 1981.

La condena, la libertad y la muerte

La causa por el asesinato de Carlos Prats y su mujer fue reabierta recién en la década de los ’90 y en el curso de una nueva investigación se pudo establecer la identidad de sus autores, entre ellos Arancibia Clavel. Fue en 1996, cuando la jueza María Servini pudo acceder a un documento secreto de la DINA que había sido desclasificado recientemente, donde figuraba el lugar del atentado y la hora en que se había cometido. El autor del informe era “El Dinamitero”.

El exjefe de la oficina de la DINA en Buenos Aires fue incriminado también por uno de sus cómplices, el agente de la CIA Michael Townley, cuando se hizo cargo de varios asesinatos cometidos contra exiliados chilenos y eso le permitió quedarse en Estados Unidos en los términos establecidos por el Programa Federal de Protección de Testigos. En 2000, Arancibia fue condenado a cadena perpetua. Pese a las apelaciones, tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena. Eso no fue todo: en 2003, en otro juicio llevado a cabo por el secuestro de dos ciudadanas chilenas que sobrevivieron, recibió una condena de 12 años. Sin embargo, por cálculo inaudito, pudo salir en “libertad condicional” en 2007. Había cumplido 11 años de prisión efectiva.

Esa vez no fue a vivir a Belgrano, sino que alquiló un departamento en la zona de Tribunales, más precisamente en Lavalle 1418, mucho más cómodo para asistir a los requerimientos judiciales. Allí estaba el jueves 28 de abril de 2011, cuando encontró la muerte a manos de un muchacho de 21 años que se ganaba la vida vendiendo sexo. El primer cuchillazo fue directo al abdomen. En la reconstrucción del hecho se estableció que Arancibia se agarró el estómago con una mano y con la otra quiso frenar los siguientes puntazos, que fueron una decena. Antes de dejarlo muerto en medio de un charco de sangre, su asesino se llevó 35.000 dólares que guardaba en una caja fuerte.

La trama detrás de los asesinatos del general Carlos Prats y de su esposa en el marco de la Operación Cóndor fue reconstruida de manera pormenorizada en 1978 en el documental Los muertos no callan, dirigido por los alemanes Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, una de las primeras obras cinematográficas que denunciaron los crímenes perpetrados por la dictadura chilena en el exterior. Sobre Arancibia Clavel, en cambio, solo quedan registros de sus tropelías en los archivos judiciales y en las páginas policiales de los diarios.