Retiraron la camioneta que provocó destrozos en la Pampa del Leoncito y el conductor deberá pagar una multa millonaria

La Toyota Hilux que llevaba 27 días enterrada en la Pampa del Leoncito finalmente fue retirada del área protegida de Calingasta, en San Juan, bajo un operativo judicial que incluyó custodia de Gendarmería Nacional y supervisión ambiental. Sin embargo, la extracción vino con una resolución en la que también se establecieron las multas que superan los nueve millones de pesos para los dos involucrados.

Todo comenzó el 8 de agosto, cuando la camioneta ingresó al área por el sector sur, a través de una huella preexistente que, según determinó la Justicia, no constituía un acceso habilitado. Sus ocupantes, Agustín Añó y Pablo Abraham, avanzaron aproximadamente siete kilómetros sobre un terreno que inicialmente se presentaba seco. A medida que avanzaban, la superficie cambió: se volvió barrosa y blanda, hasta que el vehículo perdió fuerza y quedó atrapado. Cuando descendieron a evaluar la situación, comprobaron que no había marcha atrás por sus propios medios.

Lo que siguió a esa primera instancia de desesperación complicó aún más el expediente. Los ocupantes intentaron mover la camioneta usando escaleras metálicas para motocicletas a modo de rampas, una maniobra que logró desplazar el vehículo apenas unos metros, pero que, según quedó consignado en la sentencia, provocó nuevas alteraciones sobre el terreno protegido. Esa intervención fue tenida en cuenta por la justicia al momento de ponderar el alcance del daño.

El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, fue quien dictó la resolución el pasado viernes. En ella condenó a ambos ocupantes por infracción al artículo 187, vinculado con la protección del patrimonio provincial. La pena principal fue una multa equivalente a 15 sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública provincial: $4.387.320 para cada uno. A Abraham, además, el magistrado le aplicó una segunda sanción de 200 unidades fiscales —$456.800— al considerar acreditado que el ingreso al área se produjo eludiendo el control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta Nacional 149. El propio Abraham había reconocido que era quien conducía al momento del ingreso, y la fuerza de seguridad certificó que no existían registros del paso del vehículo ni de sus ocupantes por ese puesto.

Para Troche, la existencia física de una huella en el terreno no equivalía a su habilitación jurídica. El fallo marcó esa distinción de forma expresa y descartó que lo ocurrido pudiera encuadrarse como un simple extravío. Según la sentencia, hubo una decisión de ingresar por un sector no autorizado de un espacio natural protegido con la intención de alcanzar posteriormente el acceso habilitado.

El daño físico quedó documentado en un informe técnico elaborado por especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan. Según ese estudio, la circulación de la Hilux afectó aproximadamente 280 metros cuadrados de superficie. De ese total, 35,28 metros cuadrados fueron clasificados como de daño grave, con huellas profundas de entre 5 y 8 centímetros —media de 6,5 centímetros—, ruptura de la costra superficial y desplazamiento lateral de sedimentos. Esos surcos alcanzaron unos 63 metros de longitud. Otros 244,72 metros cuadrados registraron daño superficial por deformación del terreno, y a eso se sumaron 50,3 metros cuadrados adicionales afectados por la motocicleta que intentó asistir a los ocupantes.

A partir de esas mediciones, los especialistas estimaron que la recuperación natural de las zonas más comprometidas podría demandar entre 50 y 80 años, dado que la circulación del vehículo modificó la microtopografía del suelo en un ambiente cuya capacidad de regeneración es extremadamente lenta.

Frente a ese panorama, la extracción del vehículo no podía realizarse sin una planificación precisa. El expediente da cuenta de que los equipos de Gendarmería no contaban inicialmente con malacates de longitud suficiente para la maniobra, por lo que se solicitó la intervención de los especialistas de Patrimonio Cultural, que elaboraron tanto el diagnóstico del daño como el protocolo técnico para el retiro.

La resolución de Troche fijó una ventana horaria para el operativo: entre las 17.30 y las 19 del viernes, bajo la supervisión y custodia de Gendarmería Nacional, la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También ordenó que se labrara un acta con la intervención de todos los organismos presentes.

Las condiciones climáticas terminaron siendo determinantes. El fiscal explicó, en declaraciones recogidas por El Sol, que el suelo se había secado considerablemente respecto de semanas anteriores, lo que permitió avanzar con el procedimiento. “Las condiciones de clima lo permitieron porque mejoró mucho el tema del suelo”, precisó.

Y agregó que la camioneta “estaba enterrada, su rueda estaba enterrada a 60 centímetros más o menos”. El operativo se llevó a cabo bajo instrucciones específicas de la autoridad de aplicación, y una vez retirado el vehículo, este fue entregado a personas autorizadas por sus propietarios.

La resolución judicial también determinó el destino de los fondos provenientes de las multas. Según informó Tiempo de San Juan, el dinero será destinado a la cuenta especial de la autoridad de aplicación para la atención y el crecimiento del patrimonio protegido, con afectación particular a la Pampa del Leoncito.

Troche ordenó además comunicar la sentencia al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente y a los organismos competentes, con el objetivo de que se adopten medidas de restauración y de prevención para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir en uno de los sectores naturales protegidos de la provincia.