“¿No te da vergüenza?”: el reto de una abuela a su nieto al recibir la intimación por amenazar a una escuela

La escena fue breve, pero contundente. En una vivienda de Santa Fe, la llegada de personal policial para notificar una deuda millonaria por amenazas escolares desencadenó un momento aleccionador y familiar: “¿No te da vergüenza?”, le dijo una abuela a su nieto, luego de recibir la boleta de pago que ascendía a más de $5 millones. La situación se produjo como consecuencia de los operativos implementados por el Gobierno de Santa Fe, que buscan dar con los adultos responsables de menores identificados como autores de intimidaciones en instituciones educativas deben enfrentar las consecuencias económicas de sus actos.

Las autoridades santafesinas intensificaron durante el fin de semana los operativos de notificación, llegando a familias de alumnos sindicados por amenazas en escuelas de los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. Solo entre viernes y sábado, el monto de los resarcimientos superó los $36 millones, distribuidos en once notificaciones que detallan el costo exacto de los operativos policiales desplegados en respuesta a cada hecho.

El caso de la abuela y su nieto, difundido por el gobierno de Santa Fe, expone el alcance de la medida en ese y otros domicilios que fueron informados de la deuda de $5.802.007, suma que debe abonarse en un plazo de cinco días. El procedimiento, según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, contempla la entrega de una boleta que incluye el monto a pagar, los medios habilitados para hacerlo y la advertencia de que, en caso de incumplimiento, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales.

La provincia de Santa Fe aplica desde hace días un sistema que busca trasladar el costo de los operativos policiales a los adultos responsables de los menores involucrados en amenazas escolares. La medida responde al aumento de episodios intimidatorios registrados en diferentes puntos del país, y se enmarca en una estrategia de recuperación patrimonial por parte del Estado provincial.

El ministro Pablo Cococcioni detalló que, a medida que la Fiscalía valida las identidades de los autores —ya sean mayores o menores de edad, punibles o no—, se identifica a los responsables civiles y se emiten las intimaciones de pago de manera automática. Los montos varían en función de los recursos que debieron movilizarse en cada intervención: combustible, uso de vehículos, despliegue de brigadas especializadas —como las de explosivos— y horas de servicio del personal policial.

En una de las primeras notificaciones entregadas días atrás, los padres de un estudiante de Santa Fe recibieron una boleta por $6.024.944, cifra que generó sorpresa y malestar en el seno familiar. La reacción del adulto quedó registrada en un video difundido por el gobernador Maximiliano Pullaro, donde se lo escucha decir: “Cara la jodita”, en referencia al costo que debieron afrontar por la falsa alarma.

El gobierno provincial subraya que la medida no constituye una multa ni una sanción penal, sino una deuda civil por el resarcimiento del daño causado a partir de la movilización de recursos públicos. El procedimiento se enmarca en el Código Civil y Comercial de la provincia y, en caso de falta de pago, habilita la ejecución por la vía judicial, incluyendo embargos sobre salarios o inhibiciones de bienes.

Hasta el momento, las autoridades de Santa Fe identificaron a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a más de setenta personas, ya que en algunos casos existen varios autores o adultos responsables por cada amenaza. Los reclamos económicos totales podrían superar los $250 millones, según estimaciones oficiales, cifra que aumentará a medida que la Fiscalía continúe validando nuevas identidades y sumando hechos a la lista de intimaciones.

El proceso de identificación de los autores de los mensajes intimidatorios es resultado de una investigación coordinada entre la Policía provincial y la Fiscalía, que recabaron registros y testimonios en cada uno de los casos reportados en las escuelas. Según la información oficial, en la mayoría de las situaciones los menores actuaron solos, aunque también se detectaron episodios con la participación de varios estudiantes.