
Una pintada hallada en el baño de una escuela del barrio de Liniers encendió alarmas en todo el sistema educativo porteño. El martes, tras la aparición de la inscripción, las autoridades activaron el Protocolo de Actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
La amenaza, escrita en la puerta de un baño del colegio Dalmacio Vélez Sársfield, anunciaba un supuesto tiroteo programado para el jueves 16 de abril y sumaba una frase dirigida al establecimiento: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”. Al detectar el mensaje, los alumnos avisaron a los directivos, quienes de inmediato avisaron a la policía y radicaron la denuncia. La policía retiró la puerta del baño y solicitó revisar las cámaras de seguridad del colegio para identificar a los autores. Una vez individualizados, los responsables fueron notificados a través de sus padres, convocados por las autoridades del establecimiento.
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La suspensión de clases se mantuvo hasta que las fuerzas de seguridad, junto con personal del Ministerio de Educación, evaluaron la situación en el colegio. El miércoles, la actividad académica se reanudó bajo la supervisión de equipos técnicos y la presencia de agentes policiales en el predio. El club, donde funciona la escuela, cuenta además con seguridad privada, que colaboró en el operativo junto a las fuerzas públicas.
Desde el comienzo de la investigación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad y el acompañamiento en las escuelas. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que, ante la aparición de amenazas similares en otros establecimientos, el Ministerio de Educación porteño activó los protocolos diseñados para proteger la integridad de los estudiantes y garantizar la continuidad pedagógica en condiciones seguras.
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Entre las acciones implementadas, se reforzó la supervisión interna en las instituciones educativas y se trabajó con los estudiantes sobre la convivencia escolar y la responsabilidad en el uso de la palabra. “Las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse”, explicaron.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires resultó clave para canalizar la denuncia y acompañar a la comunidad educativa. El Ministerio envió especialistas a las escuelas involucradas, con el fin de sostener el trabajo conjunto iniciado tras los hechos.
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El distrito cuenta con distintos dispositivos y equipos profesionales preparados para intervenir cuando se detectan situaciones que puedan afectar la convivencia, la seguridad y el bienestar escolar. Entre los protocolos disponibles, figuran el de prevención del acoso escolar, el de abordaje ante violencia digital y el de actuación ante la sospecha fundada o detección de armas dentro del ámbito educativo.
Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, la prioridad es que la escuela siga siendo un espacio seguro, de cuidado y encuentro para estudiantes, docentes, equipos directivos y familias. A través de comunicados oficiales, las autoridades subrayaron la importancia de sostener el diálogo con toda la comunidad y remarcaron que la seguridad de los menores es una tarea compartida.
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La respuesta institucional incluyó la aplicación de protocolos específicos, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los canales de comunicación con las familias. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires insistió en la importancia de que cualquier hecho, comentario o información sospechosa sea comunicada sin demora a las autoridades escolares o familiares.
El operativo activado en Liniers y el acompañamiento a las escuelas forman parte de un sistema de acciones que, según el Gobierno de la Ciudad, busca prevenir y abordar de forma integral cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia, la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.
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