Dentro del predio que albergó al Aquarium Mar del Plata, el silencio contrasta con la rutina que un puñado de trabajadores mantiene en torno a 66 animales que permanecen bajo resguardo judicial. Las especies, que hasta marzo de 2025 formaban parte del acuario gestionado por la multinacional mexicana The Dolphin Company, permanecen en instalaciones ubicadas junto al Faro de Punta Mogotes, a la espera de una resolución.
Cualquier movimiento, ya sea temporal o permanente, debe ser autorizado por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 20, que gestiona el proceso de quiebra de la firma.
El destino por ahora incierto de estos ejemplares, entre los que se encuentran 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos, se transformó en materia de comentarios en la esfera pública y judicial desde la quiebra de Plunimar, la empresa responsable del complejo.
Meses atrás, en diciembre pasado, se realizó el traslado de diez delfines nariz de botella. El destino fue un acuario ubicado en las proximidades del Mar Rojo, en Hurgada, Egipto. La operación se realizó por unos USD 800.000, ingreso que permitió cubrir el pago de salarios y garantizar el mantenimiento del resto de los animales, según 0223.
Actualmente, la vida de las especies restantes depende de la labor de cerca de 12 trabajadores. Estas personas, enfocados en la alimentación, la sanidad y la seguridad de los animales, transitan los días bajo una lógica diferente al bullicio que solía caracterizar el parque.
La atención gira en torno a la mantención de los protocolos básicos de bienestar, mientras el agua de los estanques sigue proviniendo del océano, según aseguraron tanto la empresa como el municipio ante denuncias que circularon en redes sociales sobre las condiciones actuales de los estanques.
El futuro de los pingüinos magallánicos, los pingüinos rey, los saltarrocas y los lobos marinos permanece condicionado a lo que determine la Justicia en las próximas semanas.
La situación de estos animales no solo responde a cuestiones legales, sino también a un entramado de normativas ambientales. Antes de que la quiebra fuera decretada, Plunimar intentó trasladar o vender los ejemplares a instituciones de México, China y San Pablo, aunque sin éxito.
Las operaciones no avanzaron por las restricciones sanitarias y ambientales que regulan el comercio internacional de fauna marina. Estas limitaciones, establecidas por acuerdos multilaterales, buscan evitar el tráfico y proteger especies vulnerables.
La controversia se profundizó después de que el Aquarium cerrara sus puertas el 31 de marzo de 2025, en medio de un conflicto contractual. El predio, arrendado desde 1993, vio expirar su contrato en 2022 y, tras renovaciones anuales, los propietarios optaron finalmente por no continuar el vínculo en 2025. De acuerdo a lo informado por The Dolphin Company, los dueños decidieron destinar las tierras a nuevos proyectos, lo que precipitó el cierre del parque y puso en pausa la vida cotidiana de los animales.
La falta de ingresos tras el cierre del complejo aceleró el deterioro financiero de Plunimar. Sin la venta de entradas y con el contrato de alquiler vencido, la empresa declaró la cesación de pagos en enero de 2026. Esta situación derivó en incumplimientos salariales y una reducción significativa de la capacidad operativa. El 20 de febrero de ese año se decretó la quiebra directa ante la imposibilidad de revertir la crisis financiera.
Desde entonces, los animales quedaron judicializados como parte del activo de la compañía. La decisión sobre su destino —tanto si se trata de una transferencia temporal como de una definitiva— quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 20. La continuidad de los protocolos de bienestar animal se encuentra sujeta a la capacidad del equipo reducido que permanece en funciones y a la supervisión de las autoridades locales.
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