
La fiscal Paula Barros imputó este miércoles a Diego G., chofer de Uber de 44 años, y a R. A. Vázquez, ex convicto de la misma edad, por el homicidio de Oscar Ramón Sarria, ocurrido el 25 de marzo por la noche en la zona norte de Rosario.
El hecho tuvo lugar en Machaín al 1800, frente a la despensa que atendía la víctima. La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal ante el juez Federico Rébola.
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La reconstrucción judicial reveló que Sarria, de 62 años, recibió al menos dos disparos con una pistola calibre .40 cuando se acercó a la ventana de su despensa tras escuchar un ruido inusual. En la vivienda también se encontraba un niño de 10 años, hijo de la pareja de Sarria.
Según la imputación, los agresores actuaron en grupo: Vázquez y un tercer involucrado aún no identificado descendieron del vehículo y se dirigieron hacia el comercio, mientras el conductor, Diego G., aguardaba en las inmediaciones.
Durante la noche de aquel 25 de marzo, el automóvil Chevrolet Astra utilizado en el ataque fue estacionado a menos de 300 metros del lugar del crimen. Las investigaciones determinaron que el vehículo resultó clave para avanzar en el caso, ya que fue localizado por el sistema Lince y posteriormente hallado por el Comando Radioeléctrico en un complejo Fonavi de Villa Gobernador Gálvez. En el interior del auto se levantó una huella dactilar que permitió la identificación de Vázquez.
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De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Barros, Diego G. condujo el Chevrolet Astra hasta las inmediaciones de la vivienda de Sarria, donde Vázquez y el tercer implicado descendieron para ejecutar la emboscada. Se estableció que estacionaron el auto a las 23.20 y caminaron hasta la despensa. Aprovecharon una ventana oxidada —característica por su chirrido— para forzar la entrada y llamar la atención de Sarria, quien, al escuchar el ruido, se aproximó y alcanzó a pronunciar “ey” antes de ser baleado, según los testimonios incorporados a la investigación.
El asesinato conmocionó a la comunidad local por sus características y la frialdad del procedimiento. Tras los disparos, los agresores huyeron a pie hasta el Astra, que los aguardaba con el motor en marcha en la calle Ramos Mejía, entre Herrera y Superí, para luego escapar rápidamente del lugar, de acuerdo con lo informado por el portal Rosario3.
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En la audiencia, la fiscalía también atribuyó a Vázquez el delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra agravada, dado que cuenta con antecedentes penales: en noviembre de 2022 había sido condenado a cinco años de prisión por robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de fuego.
La localización del vehículo fue un factor determinante para el avance de la causa. Según el expediente, el Chevrolet Astra pudo ser rastreado gracias al sistema de vigilancia policial y, una vez hallado, se recabaron pruebas clave, como la huella dactilar de Vázquez. Este dato permitió vincularlo directamente con el hecho y fundamentar la acusación de la fiscalía.
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Testimonios recolectados por la investigación indicaron que Sarria solía atender a sus clientes a través de una ventana. La noche del crimen, el ruido al abrirse la ventana desde el exterior alertó a la víctima, quien se acercó y fue atacado de inmediato. El niño de 10 años que se encontraba en la vivienda no resultó herido, pero presenció el episodio.
En el entorno de la víctima no se confirmó la existencia de amenazas recientes. Fuentes de la investigación recordaron que Sarria había estado preso años atrás y había mantenido disputas con algunas personas. También trascendió que mantenía una deuda con un prestamista colombiano, aunque se aclaró que los pagos estaban al día. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y mantienen activa la búsqueda del tercer implicado.
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El juez Federico Rébola resolvió medidas cautelares diferenciadas para los imputados. A Diego G., conductor del Astra, se le impuso una prisión preventiva por dos meses tras responder preguntas y presentar su descargo en la audiencia. La fiscalía lo consideró coautor de homicidio agravado y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
Por su parte, Vázquez enfrenta un panorama judicial más severo. El magistrado dispuso su detención por el plazo de ley, lo que implica al menos dos años de prisión preventiva, considerando sus antecedentes y la gravedad de los cargos. Vázquez también realizó un descargo ante el juez, aunque el contenido no fue difundido.
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El avance en la identificación del tercer involucrado es una de las prioridades de la investigación. El análisis de las comunicaciones de la víctima podría aportar elementos para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existía un vínculo previo con los agresores.
Las autoridades mantienen abierta la hipótesis de que el crimen pueda estar vinculado a un conflicto anterior o a cuestiones económicas, aunque no descartan otras motivaciones. El caso ha generado una fuerte repercusión en la zona norte de Rosario, donde vecinos y allegados de Sarria aguardan avances en la causa judicial.
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