Envuelta en una bandera argentina, una mujer se persignó de rodillas frente a la jefatura de la Unidad Regional II, donde está el epicentro de la protesta policial. El reclamo era directo: aumento salarial para los policías. La puesta en escena ilustra una de las imágenes de la jornada.
“Soy familiar de un empleado de policía”, dijo la manifestante, que portaba un pañuelo en el rostro para taparle el humo. “Mi hermano es policía, con 18 años de servicio. No llega a 1 millón 300 mil pesos de sueldo”. Siguió contando: su hermana, 56 años, le subieron la edad jubilatoria en la fuerza, tras un anuncio del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Pullaro ahora aumentó 5 años más el servicio. ¿Cómo una persona, con más de 60 años, tiene que estar en la policía?”, preguntó.
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El listado de carencias se volvió un inventario urgente. El salario básico para quienes recién ingresan es de 800 mil pesos, denunció. Ahora, “le quieren dar 1.300.000”. Pero el monto no alcanza: “No puede un policía cobrar menos de 800 mil pesos, que se tiene que comprar las balas, el chaleco, la ropa”. Los jóvenes, relató, “tienen que hacer dedo para venir a trabajar”. Con una jornada de “12 horas de servicio y 36 de franco”, el régimen termina siendo ficticio porque el sueldo bajo obliga a buscar adicionales en otros lugares. “¿El gobernador no puede venir a hablar? Es una vergüenza”, remató.
Para la manifestante, “es mentira” el alcance del incremento salarial. “Hasta que no se vea que está firmado, no creemos nada. Nosotros estamos pidiendo $1.800.000. ¿Cómo puede ser? Esos se llenan de plata. Piden seguridad cuando no les dan la seguridad a ellos. Tienen que tener un tratamiento psicológico cada tres meses un policía. No pueden salir a la calle a defender a nadie cuando no pueden defender su propia vida", completó. Y cuestionó que los pagos sean no remunerativos. “Te jubilás y te quedan dos mangos”, cuestionó.
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El ruido policial llegó hasta las oficinas del Gobierno de Santa Fe, pero el rebote tiene repercusiones nacionales. Este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, intentó descomprimir la tensión. Desde anoche, se habilitó una instancia de diálogo con policías y voceros que participan del reclamo. Prometió que quienes fueron pasados a disponibilidad “van a salir de esa situación” si vuelven al servicio. Y aseguró: “La seguridad nunca fue descuidada” durante los días de protesta. El ministro de Economía también fue al punto: el personal de seguridad armado no cobrará por debajo de la canasta básica.
Cococcioni insistió en que nunca se negaron a dialogar. “Entendemos el fondo del reclamo”, apuntó el funcionario, y sostuvo que las autoridades provinciales “valoran a las fuerzas de seguridad” aunque instó al “escaso personal que queda” a que “deponga su actitud, pase por jefatura, retire su arma reglamentaria y vuelva a reintegrarse al servicio de manera inmediata”.
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Desde temprano, varios manifestantes continuaron con la quema de neumáticos y los “sirenazos”. Y los voceros y referentes hablaron con la prensa. El pliego de condiciones apunta a que primero se levanten todas las sanciones y “pases a disponibilidad”, y luego se firme la resolución de aumento salarial. Lo cierto es que persiste el malestar que las sumas prometidas sean no remunerativas y “en negro”, deslizaron varios manifestantes.

El lunes, el ritmo de las sirenas marcó el inicio de la protesta. Agentes policiales, personal penitenciario y familiares se acuartelaron frente a la Jefatura de Policía. El desalojo llegó después de varias horas, pero la retirada no apagó el reclamo. El martes, la escena recobró fuerza: una caravana de patrulleros recorrió las calles, las sirenas sonaron y el humo de los neumáticos encendidos cortó el paso. La protesta se desparramó rápidamente a Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda.
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Si bien según las fuentes oficiales la protesta mermó, y muchos efectivos volvieron a las tareas habituales, el reclamo sigue activo.
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