El avance de los incendios forestales en la cordillera de Chubut ha generado máxima alarma entre autoridades y habitantes de la región, con más de 1.800 hectáreas afectadas en la zona de Puerto Patriada. El gobernador Ignacio Torres se trasladó a El Hoyo para encabezar personalmente el operativo de emergencia, supervisando el despliegue de recursos y coordinando el trabajo de los equipos de combate, evacuación y prevención. La magnitud del fuego y la situación de riesgo llevaron al Ejecutivo a activar protocolos especiales y reforzar la presencia de medios aéreos, en una de las temporadas más complejas de la última década debido a la sequía.
En una conferencia de prensa realizada en la región, Torres confirmó que la investigación judicial determinó que el incendio en Puerto Patriada fue provocado de manera intencional, hecho que motivó un operativo judicial y policial para identificar a los responsables. El mandatario provincial señaló que, en los días previos, se registraron amenazas en distintos puntos de la cordillera, así como el hallazgo de material explosivo, lo que llevó al despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona. “Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, advirtió Torres ante medios locales y nacionales, reiterando la decisión política de sancionar con rigor cualquier acto que ponga en peligro a la comunidad.
El foco ígneo en Puerto Patriada se inició en un lugar de alto tránsito turístico y en un horario de gran concurrencia, lo que elevó el nivel de peligrosidad del evento y exigió la evacuación inmediata de más de 3.000 personas, entre vecinos y visitantes. Según el informe brindado por el gobernador el operativo de evacuación se realizó sin incidentes, aunque se mantienen dispositivos preventivos ante posibles cambios climáticos que puedan reactivar el fuego. El incendio en El Hoyo es actualmente el de mayor magnitud en la provincia y concentra la mayor parte de los recursos destinados al combate.
El gobernador detalló que en la lucha contra las llamas intervienen más de 180 brigadistas, bomberos voluntarios y agentes de fuerzas provinciales y nacionales, con el apoyo de seis aeronaves, entre ellas cinco aviones hidrantes y un helicóptero, además de refuerzos aéreos provenientes de otras provincias. El operativo cuenta con la colaboración de brigadistas y recursos técnicos enviados por Río Negro, Neuquén, Córdoba y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en un esfuerzo coordinado que, según el mandatario, “no reconoce jurisdicciones cuando se trata de proteger vidas y bienes”.
La investigación judicial sobre el origen del incendio en Puerto Patriada avanza en paralelo a las tareas de combate, luego de que se hallaran elementos que evidencian la intencionalidad del siniestro, como el uso de acelerantes en otros focos de la región, según precisó Torres en la conferencia de prensa. El fuego en Cholila, que también fue intencional, ya se encuentra controlado y bajo análisis de la Justicia. En tanto, el frente de El Turbio está contenido en un 90%, mientras que el incendio del Lago Engaño fue sofocado por completo. Continúa activo el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que junto a Puerto Patriada concentra las mayores preocupaciones de las autoridades.
El mandatario provincial insistió en la importancia de basarse únicamente en la información oficial para evitar la circulación de rumores o datos erróneos que puedan entorpecer los operativos o generar pánico en la población. Subrayó que la emergencia ígnea declarada semanas atrás por el gobierno de Chubut sigue vigente, y que las acciones para identificar y sancionar a los responsables de los incendios intencionales se mantendrán “hasta las últimas consecuencias”. Además, pidió a los municipios y a los habitantes extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal de emergencia y no acercarse a las zonas afectadas.
En cuanto a la investigación sobre las amenazas previas, Torres señaló que los carteles intimidatorios y el hallazgo de granadas en la localidad de Epuyén motivaron un rápido accionar de las fuerzas de seguridad, quienes trabajan para rastrear el origen de los artefactos. De acuerdo con las declaraciones del gobernador recogidas en la gacetilla oficial, el material explosivo hallado pertenecía al Ministerio de Defensa de la Nación y habría sido vendido ilegalmente o robado, según los números de serie identificados. “Se está haciendo el trabajo necesario para darle seguimiento y trazabilidad no solamente a las granadas que se encontraron, sino también al resto de las amenazas”, indicó.
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