El mapa de las fotomultas en la Costa Atlántica: más de 70 cámaras controlarán el tránsito este verano

El sol de la mañana se filtra por el parabrisas mientras una familia revisa, lista en mano o en su celular, cada detalle antes de lanzarse a la ruta. Pero antes del inicio del verano, miles de conductores también deberán estar atentos al atravesar las carreteras argentinas rumbo a la Costa Atlántica de las más de 70 cámaras de fotomultas.

Quien elige las playas bonaerenses como destino sabe que las rutas 2, 11, 63 y 74 trazan la columna vertebral del éxodo estival. En estos caminos, las velocidades máximas oscilan entre 60 y 130 km/h, y los radares, invisibles y omnipresentes, aguardan pacientes a los imprudentes.

Los viajeros deben no solo revisar el estado del vehículo y portar la documentación obligatoria, sino también informarse sobre los recorridos, la ubicación de los radares y los límites de velocidad vigentes en las rutas 2, 11, 63 y 74, donde operan más de 70 cámaras de fotomultas.

Cada punto en el que haya una cámara debe estar señalizado.

Las velocidades máximas en estos corredores varían entre 60 y 130 km/h. Hay instalados 48 radares en la ruta 2, 11 en la ruta 11, 2 en la ruta 36, 5 en la ruta 63 y 6 en la ruta 74.

Según Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Cecaitra, “cada radar está instalado en lo que se denominan ‘puntos negros’, es decir, los tramos en donde se han producido mayor cantidad de siniestros viales y donde se debe aminorar la velocidad como prevención”, precisó el representante de la entidad que nuclea a las empresas argentinas que producen software vial.

La Cámara de Empresas de Software Vial es la encargada de estudiar dónde y cómo es menester instalar un cinemómetro. Con información provista por el Estado (estadísticas de accidentología, ingresos en hospitales de las zonas, datos de la ruta -estado de la calzada, sentidos de circulación, curvas cercanas, cantidad de luz-), el organismo realiza un relevamiento de la traza y un análisis de puntos negros, y entrega una conclusión al órgano estatal.

Ahora bien, una situación particular se presenta en el partido de Dolores, en las rutas 2 y 63, donde las cámaras estarían instaladas, pero no generarían infracciones en el inicio de la temporada. Desde Cecaitra indicaron que el municipio de Dolores rescindió el contrato en mayo de este año, argumentando que la Cámara no estaba habilitada para ese tipo de convenios, y contrató directamente a otra empresa para la radarización.

“Trabajamos sin problemas durante varios años en Dolores y han rescindido el contrato sin argumentos válidos. Además de ser falso que Cecaitra haya incumplido con lo pautado con el municipio, es muy peligroso el manejo posterior. Realizaron una contratación directa cuando la ley orgánica de los municipios lo prohíbe, y podrían dejar a miles y miles de conductores sin la protección que los radares les otorgan”, indicaron, según reportó Clarín.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que el municipio de Dolores comunicó el cambio de empresa y que las cámaras están habilitadas. Sin embargo, advirtieron que es posible que no estén en funcionamiento, dado que además de la habilitación provincial, los radares deben ser supervisados por INTI y la Dirección Nacional de Seguridad Vial, organismos nacionales cuyo trámite puede demorar.

El control en las rutas no se limita a los radares fijos. La Provincia lanzó el Operativo Sol a Sol, que implementa controles diarios de tránsito, documentación y alcoholemia, junto con mega operativos específicos durante fines de semana, recambios turísticos y horarios nocturnos. Se han incorporado radares móviles capaces de detectar infracciones dentro de los vehículos, como el uso del celular al volante. Además, se utilizarán tecnologías novedosas para fiscalizar el uso del teléfono y se reforzarán los operativos dinámicos para prevenir faltas generales.

Durante el verano, las infracciones más frecuentes son conducir alcoholizado, el uso del celular, la falta de cinturón de seguridad, el exceso de velocidad y la ausencia de documentación obligatoria. Las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de 1.711 pesos.

Una infracción por exceso de velocidad va de 215.250 a 1.711.000 pesos (150 a 1.000 UF). Negarse a un control de alcoholemia o dar positivo implica sanciones de 855.500 a 2.053.200 pesos (500 a 1.200 UF), mientras que circular sin cinturón de seguridad o con la VTV vencida supone multas de 143.500 a 855.500 pesos (100 a 500 UF). El uso del celular al conducir se sanciona con multas que oscilan entre 171.100 y 342.200 pesos (100 a 200 UF).

Ante los controles, la Ley Nacional 24.449 establece la obligatoriedad de portar licencia de conducir, DNI, cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro vigente, que puede presentarse en formato digital. También obliga a circular con la Revisión Técnica Vehicular (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) correspondiente, según la provincia de radicación del vehículo.