Los jubilados que sostienen desde hace años la protesta frente al Congreso por una mejora en sus ingresos, volvieron a marchar este miércoles 26 de noviembre. Lo hicieron en una ronda que tuvo la presencia de organizaciones sociales, en una jornada que se desarrolló, a diferencia de otras oportunidades, sin incidentes ni choques con el fuerte operativo policial que el ministerio de Seguridad Nacional suele disponer en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires.
La ronda se realizó en Plaza Congreso , dado que el edificio del Congreso estuvo fuertemente vallado e impidió que la movilización interrumpa el tránsito en las calles que lo rodean. No obstante, por el propio despliegue policial, la circulación de vehículos estuvo cortada, pero alrededor de la plaza.
La movilización ha ganado regularidad en el calendario social de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con datos provistos por fuentes policiales a NA, la Policía Federal estableció el primer anillo de cierre sobre la Avenida Rivadavia, en inmediaciones del Congreso. A continuación, la Policía de la Ciudad reforzó el operativo con un segundo cerco, limitando la circulación vehicular y peatonal en la zona céntrica. El procedimiento fue notorio pero se desarrolló sin represión ni choques directos entre efectivos y manifestantes.
A la par de la protesta de los jubilados, distintos movimientos sindicales protagonizaron durante la mañana su propia jornada de lucha. Las dos centrales de trabajadores —la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma)— realizaron manifestaciones ante la Secretaría de Trabajo para reclamar una suba urgente del salario mínimo, vital y móvil.
El ingreso mínimo de los jubilados se elevó en octubre a $326.298,38. A eso se suma el pago adicional del bono mensual de $70.000, con lo que el haber asciende hasta $396.298,38, una cifra que, según los afectados, resulta inadecuada ante el encarecimiento persistente del costo de vida.
Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $331.039, y la pensión por invalidez laboral fue fijada en $228.409. La Prestación Básica Universal (PBU) fue ajustada a $149.266,62, todos valores que están sujetos a futuras modificaciones según la evolución de la inflación y nuevas políticas de emergencia.
Dentro del universo de beneficiarios, además de jubilados, pensionados y titulares de PUAM, se encuentran incorporados aquellos que perciben Asignaciones Universales por Hijo (AUH). Desde octubre, este monto se fijó en $117.252 por cada menor de 18 años. Para hijos con discapacidad, la cifra asciende a $381.790, contemplando que el 80% del total se paga de manera mensual y el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación anual, según confirmó la ANSES.
Las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas también fueron ajustadas. En la denominada zona general, el piso es de $58.631, en tanto la Patagonia y otras regiones diferenciales pueden superar los $126.425 por cada hijo a cargo, mientras que la asignación por discapacidad para familias de menores ingresos será de $190.902. El límite de ingresos para el cobro de estos beneficios se estableció en $2.403.613 mensuales por integrante del grupo familiar.
En las primeras horas de la mañana, la CTA-Autónoma, representada por su secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, remarcó en declaraciones a NA que la convocatoria oficial al Consejo del Salario Mínimo “debería haberla hecho tres meses atrás”, en un claro mensaje hacia el Gobierno nacional. El reclamo fue replicado por otros referentes sindicales, quienes pidieron voluntad política para impedir que más beneficiarios caigan por debajo de la línea de pobreza.
Las organizaciones anunciaron que continuarán movilizándose en las próximas semanas hasta encontrar respuestas de fondo a las demandas expuestas.
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