El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

La mañana en el barrio de Palermo comenzó con movimiento policial y equipos de la Ciudad en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2300, entre las calles Güemes y Charcas. Un gran galpón, conocido históricamente por albergar el mercado frigorífico Canning, pasó a manos del gobierno porteño tras permanecer usurpado durante 14 años.

El operativo, que contó con la presencia de la Policía de la Ciudad, no solo respondió al reclamo de recuperación de la propiedad sino que también buscó prevenir accidentes potenciales, ya que el edificio presentaba un marcado deterioro y representaba un riesgo, tanto estructural como ambiental, para los habitantes del área.

La acción fue impulsada de oficio, una decisión respaldada por la preocupante situación edilicia que venía denunciándose desde hace tiempo en ese tramo de Palermo. No solo actuaron fuerzas de seguridad: la Guardia de Auxilio, integrantes de la Agencia de Protección Ambiental, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y agentes de la Red de Atención también formaron parte del despliegue.

Según datos oficiales compartidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trata del desalojo número 451 desde que inició la gestión de Jorge Macri, en diciembre de 2023.

El Jefe de Gobierno porteño, al ser consultado sobre este procedimiento, fue claro y reiterativo en sus declaraciones: “Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley, por eso vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”.

Las autoridades subrayan la continuidad de un plan más amplio que abarca barrios más allá de Palermo. Entre los casos mencionados durante estas semanas de gestión se encuentran la Casa Blaquier, en pleno centro porteño, y el emblemático edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, ambos recuperados luego de décadas de ocupación.

El listado se completa con ex hoteles en Constitución y San Telmo, junto con propiedades y predios en zonas como Nueva Pompeya, Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas.

El alcance de la política oficial en materia de espacio público no se limita a inmuebles. Desde el comienzo de este ciclo de gestión, se organizaron 11 megaoperativos para recuperar áreas invadidas por el comercio ilegal, incluyendo el desalojo de aproximadamente 17 mil manteros presentes en sectores estratégicos como Once, Flores -particularmente en la avenida Avellaneda-, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

Del mismo modo, equipos municipales intervinieron para desarticular asentamientos en sitios como el aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso. Acciones similares tuvieron lugar alrededor de la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette de Retiro, lo cual permitió liberar plazas y veredas, facilitando la circulación y la limpieza en diversos puntos críticos de la ciudad.

El desalojo de un hotel usurpado en Constitución

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el mes pasado la recuperación de una propiedad que había sido tomada en el barrio de Constitución y, según la información oficial, estaba destinada al funcionamiento de un prostíbulo y punto de venta de drogas.

La acción se desarrolló en un edificio de Brasil al 1300, que tiempo atrás albergó al hotel “Sol y Luna”. La Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal actuaron tras recibir denuncias por narcomenudeo y prostitución.

Las autoridades realizaron el procedimiento en las primeras horas del día, bajo el liderazgo de la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas, encabezada por Jorge Ponce. Desde la pandemia, la propiedad permanecía usurpada y clausurada, en condiciones que –de acuerdo con los funcionarios– perjudicaban directamente la convivencia y la seguridad en el área.

Durante el operativo también intervinieron la Dirección de Emergencias, la Dirección de Espacio Público y la Red de Atención, quienes participaron en las labores de control y recuperación del espacio.

De acuerdo con lo expuesto por la Policía de la Ciudad, la casa funcionaba como centro de actividades ilícitas relacionadas con la trata y la droga. La investigación permitió obtener los elementos necesarios para que la Justicia ordenara el desalojo.